Más de 30 personas fueron arrestadas durante manifestaciones frente al Congreso. Familiares denuncian detenciones arbitrarias y piden su liberación inmediata.
Los detenidos, que incluyen al músico Santiago Adano, permanecen bajo custodia enfrentando graves acusaciones que van desde incitación a la violencia colectiva hasta daños e incendios intencionales. Familiares y amigos de los arrestados exigen su inmediata liberación, argumentando que las detenciones fueron arbitrarias y sin pruebas contundentes.
Según un comunicado emitido por los allegados, los detenidos son en su mayoría vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli ha solicitado prisión preventiva para todos los acusados, imputándoles hasta 15 delitos, incluyendo cargos contra el orden constitucional. Esta escalada en las acusaciones ha sido calificada por algunos como desproporcionada y motivada políticamente.
La jueza María Servini, a cargo del caso, tiene 24 horas para responder a la solicitud de excarcelación presentada por la defensa. Mientras tanto, varios de los detenidos han sido trasladados a centros de detención de mayor seguridad fuera de Buenos Aires, como las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza. Estos traslados, realizados durante la madrugada y sin previo aviso a las familias, han aumentado la preocupación sobre el trato que están recibiendo los manifestantes.
El caso ha generado una ola de indignación entre activistas y defensores de derechos humanos, quienes ven en estas detenciones un intento de desmovilizar a la sociedad y criminalizar la protesta. Familiares de los detenidos, como Lucila Adano, hermana de Santiago, relatan cómo sus seres queridos fueron arrestados de manera violenta y arbitraria, simplemente por estar presentes en las manifestaciones.
La situación ha llevado a una movilización de apoyo a los detenidos, con manifestaciones planeadas frente a los tribunales de Retiro. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad ha decidido presentarse como querellante en la causa, lo que podría complicar aún más la situación legal de los acusados. El desenlace de este caso podría tener importantes implicaciones para el derecho a la protesta en Argentina y la relación entre el gobierno y los movimientos sociales.
