Hay alarma por la precariedad técnica de los proyectos presentados por parlamentarios del oficialismo. La iniciativa que suspende los “remates” ordenados por la justicia volvió a encender la alarma.
No sólo enojo provoca Esteban Amat entre los diputados, también sorpresa y desconcierto ante proyectos que contradicen normas evidentes para cualquier estudiante de derecho. El lunes volvió a suceder cuando en el acta de Labor Parlamentaria se encontraba la iniciativa rubricada por él y el presidente del Bloque «Salta tiene Futuro» – Javier Diez Villa – dos referentes claves del saencismo parlamentario.
El proyecto proponía suspender en la provincia, hasta el día 31 de diciembre de 2020, la totalidad de las ejecuciones judiciales decretadas y en trámite de procesos ejecutivos. Más de uno advirtió a los dueños de la iniciativa que la misma podía generar simpatía entre los deudores crónicos, pero que adolecía de errores insalvables en términos técnicos. Palabras más, palabras menos, lo que algunos resaltaron es que afectaba derechos y garantías constitucionales como el de propiedad, igualdad, razonabilidad, defensa en juicio y acceso a la justicia que al ser consagrados por la Constitucional Nacional no pueden ser competencia de una legislatura provincial para restringir los mismos.
En el recinto volvió a hablarse del tema. El diputado Carlos Zapata enfatizó que el texto original del proyecto era difícil de entender por contradecir el sentido común y violar el principio republicano de la división de poderes. “La emergencia no se puede tomar como un elemento disolvente de la institucionalidad. Una norma aparentemente procesal no puede alterar la legislación de fondo cuando esa competencia le corresponde al congreso de la nación”, dijo al inicio de su alocución para luego agregar que la iniciativa afecta al ciudadano que habiendo invertido años en un juicio para que se le reconozca un derecho, ahora ese derecho termina en un limbo por obra de legisladores que no tienen en cuenta que la justicia se ha pronunciado.
“Hay cierto desprecio a la seguridad jurídica” dijo en referencia al texto original, “porque la sentencia de ejecución tiene carácter de cosa juzgada: o sea, que lo reclamado por el beneficiado por la sentencia integra su patrimonio y lo ampara el derecho de propiedad. El legislador no puede quitar lo que un juez otorgó. El proyecto original es una violación clara a la división de poderes. ¿Para qué existen los jueces si nosotros les vamos a cambiar la sentencia?”, preguntó al resto de los legisladores.
Zapata aseguró que la intervención de los diputados Santiago Godoy y Cristina Fiore mejoraron lo que Amat y Diez Villa rubricaron para suspender todos los juicios de ejecución, aunque Zapata también se opuso al texto finalmente aprobado que sólo suspende los remates hasta el 30 de noviembre.
“Se ha hablado de que en este momento quién compraría en un remate. ¿Pero pensemos por qué tenemos que apartar del beneficio que le otorga el reconocimiento de la justicia a un ciudadano? Para que tenga una sentencia de ejecución el juicio fue sustanciado por lo menos desde hace cinco años. La sentencia judicial tiene el carácter de cosa juzgada y nosotros estamos diciendo que ´no señor; usted no le va a poder rematar los bienes a su deudor porque nosotros consideramos que entre el que tenía razón según la justicia ahora nosotros se la otorgamos al que según la justicia no tenía razón y le decimos que no pague por seis meses”, manifestó Zapata.
Al final de intervención, el legislador del bloque “Ahora Patria” retomo las advertencias que se hicieran desde el lunes en torno a que desde el año 1930 se declara la inconstitucionalidad de las normas procesales dictadas por una provincia cuando las mismas violentan la unidad consagrada por la Constitución nacional.
“Hay que revisar todo esto. No pasemos un papelón. El señor presidente de la Cámara nos dijo [por Esteban Amat] que los diputados se manifiestan con sus proyectos. Bueno… el proyecto original fue una manifestación fallida y no hagamos que la sanción sea fallida y que no se cumpla con el objeto buscado. Porque acá hay dos personas: si se ejecuta la sentencia uno va a tener que pagar y va a estar reconocido por un juez; si no se ejecuta hay una persona que tiene todo el derecho y nosotros se lo queremos postergar y encima violando la constitución” cerro Zapata antes de pedir que el proyecto vuelva a comisión porque en caso contrario votaría en contra, tal como finalmente ocurrió.
