El Concejo Deliberante deberá desembolsar 460 mil pesos al abogado defensor de Fernando Alameda. La decisión judicial revela graves errores en el proceso de destitución iniciado en 2021.
La Municipalidad de Cafayate se encuentra en el centro de una controversia financiera y política tras conocerse que deberá abonar una suma de 460 mil pesos en concepto de honorarios al abogado Jonás Garnica. Este letrado actuó como defensor del ex intendente Fernando Alameda durante el polémico juicio político iniciado en 2021, a instancias de la entonces concejal Patricia Castro.
El concejal Mauricio Aguirre explicó que, debido a la falta de presupuesto propio del Concejo Deliberante, el pago recaerá sobre las arcas municipales. «Este es un pago que se tiene que hacer ya que juicio perdido, juicio pagado. El problema es que al no tener autonomía, este concejo no puede afrontar ese pago y lamentablemente el dinero va a salir de todos los vecinos», afirmó Aguirre.
El juicio político contra Alameda, aprobado por unanimidad en agosto de 2021, se originó a raíz de denuncias por presunta malversación de fondos y cohecho. El detonante fue una notificación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien solicitó la imputación de Alameda por las condiciones precarias del Loteo Finca El Socorro II y por la entrega de certificaciones de obra falsas.
Sin embargo, en septiembre de 2023, la justicia provincial desestimó el pedido de destitución del intendente Alameda. El fallo, fechado el 5 de septiembre, hizo lugar al recurso de apelación presentado por la defensa del jefe comunal, señalando graves errores en el proceso del juicio político. Entre las irregularidades, se destacó la confusión entre los roles de acusador y juzgador, así como la emisión de una resolución en lugar de una ordenanza destitutoria.
El concejal Aguirre lamentó la situación y responsabilizó a la ex concejal Patricia Castro por el mal manejo del proceso. «Yo no voy a permitir que esto lo paguen los cafayateños. La ex concejal, Patricia Castro, principal responsable de este juicio mal llevado adelante, sale a decir ahora que la culpa es de este Concejo Deliberante por no seguir el tema, siendo que ella nunca se acercó al Concejo a contar y explicar», expresó Aguirre.
Este desenlace no solo representa un revés político para quienes impulsaron el juicio, sino también una carga financiera inesperada para los contribuyentes de Cafayate.
