miércoles 24 de julio de 2024
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Más de mil empleados públicos recibieron notificaciones de cese laboral en diversos organismos nacionales

Los contratos que no serán renovados incluyen organismos como el INTI, el INCAA y diversos ministerios que el gobierno actual ha desmantelado. 

El gobierno de Javier Milei ha iniciado una nueva ola de despidos en organismos estatales al vencer la prórroga de tres meses otorgada a miles de contratos laborales. Las notificaciones de cese comenzaron a llegar ayer viernes 27 de junio después de las 18 horas. Esta medida afecta a una amplia gama de instituciones públicas, incluyendo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el Hospital Posadas, el INCAA y el ex Ministerio de Desarrollo Social.

Según informes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el número de despidos supera los mil en diversos organismos. Uno de los casos más críticos se observa en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se ha desvinculado al 80% del personal en programas cruciales como el 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, entre otros. Esta decisión pone en riesgo la continuidad de políticas públicas esenciales en materia de género y diversidad.

Los recortes afectan principalmente a aquellos trabajadores cuyos contratos fueron renovados a finales de marzo y expiraban el 30 de junio. La Junta Interna de ATE ha denunciado además el despido de cinco empleados recientemente reincorporados en la Secretaría de Derechos Humanos, y advierte sobre la posibilidad de otras 50 desvinculaciones en este organismo. Los representantes sindicales consideran que estas acciones marcan «el comienzo del desmantelamiento» de áreas críticas como los sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria.

Esta nueva ronda de despidos ha generado preocupación entre los trabajadores estatales y organizaciones sindicales, quienes ven en estas medidas una amenaza al funcionamiento de programas y servicios públicos fundamentales. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas sociales y de derechos humanos en Argentina, así como sobre la estabilidad laboral en el sector público en un contexto de ajuste presupuestario.

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