En el debate presidencial Macri habló de combatir el narcotráfico “como en Salta”, donde se hacen juicios «en 13 días». No dijo que la mayoría son dealers de poca monta que colapsan el sistema carcelario.
“Lo que proponemos es un código penal moderno que aumente las penas especialmente para los narcotraficantes, también extender a todo el país el nuevo código procesal penal que en Salta y en Jujuy ha tenido mucho éxito: se condenan a narcotraficantes en 13 días, antes tardábamos 3 años”, reseño el presidente en el bloque destinado a las propuestas sobre “Seguridad”.
El presidente hacía alusión a la política provincial adoptada a fines del año 2013 cuando Salta adhirió al artículo 34 de la Ley nacional 23.737 de Desfederalización del Microtráfico de Drogas, que entró en vigencia el 1 de enero del 2014. Desde entonces, esas causas son competencia del fuero local. Los resultados siempre fueron celebrados por la provincia que reivindica las numerosas condenas que se efectúan.
La verdad completa, sin embargo, es más bien otra: el combate contra el microtráfico está lejos de apresar y condenar narcos. Más bien ajustó cuentas con dealers barriales que los vecinos efectivamente aborrecen, aunque estén lejos de representar un narco. No es menos cierto que entre los condenados hay personajes que resultan consumidores que quedaron presos de expedientes judiciales ridículos que incluyen secuestros de algunos gramos de marihuana o cocaína. Algunos datos pueden ejemplificar: entre el 1 de enero y el 3 de noviembre del año 2014 se registraron 1775 actuaciones por microtráfico, con 211 juicios y 123 condenados.
Lo registró un informe de ese año publicado por el periodista Federico Anzardi que tomó varios casos testigos como el de la condena a prisión efectiva a cuatro y cinco años de Susana Elizabeth Carreño y a su hijo, Ángel Gabriel Ramírez, “por resultar autores penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (artículo 5 de la Ley 23737)”. Anzardi solicitó detalles del caso al Poder Judicial que finalmente informó que en el allanamiento se encontró cocaína separada en 55 envoltorios. El peso bruto era de 15,4 gramos. El peso neto (es decir, el peso de la droga sin tener en cuenta los envoltorios), de 4,38 gramos.
Casos como ese son recurrentes y generaron el colapso del sistema carcelario. Según la Dirección Nacional de Política Criminal, la sobrepoblación en cárceles salteñas fue del 41% en 2018 (unas mil personas de exceso), mientras el promedio en todo el país llegó al 25%. En su edición de hoy, el diario El Tribuno indica que en el año 2008 la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos y 10 años después se incrementó a 3.266 (90% de crecimiento). La curva de crecimiento se mantuvo sin grandes desniveles, aunque siempre en ascenso, hasta 2014, “cuando pega un salto luego de que la Provincia se hizo cargo de los casos de microtráfico y las celdas se empezaron a llenar de revendedores de droga de poca monta”, reconoce el propio diario de la familia Romero.
Esa situación derivó en un alto nivel de hacinamiento en que viven los detenidos: la Alcaidía de la capital salteña alberga a 700 personas cuando la capacidad es de 350; mientras en el penal de Villa Las Rosas hay más de 1.400 detenidos cuando la capacidad es para mil internos. Esa situación, a su vez, ha generado fuertes cruces entre el gobierno de la provincia y el nacional. Salta asegura que nación le adeuda $500 millones por hacerse cargo de los presos por microtráfico, que antes quedaban en jurisdicción federal.
