El juez Sebastián Ramos declaró la «nulidad de todo lo actuado» al considerar que hubo «una actividad de seguimiento irregular» sobre los investigados.
El juez federal Sebastián Ramos dictó el sobreseimiento de magistrados, funcionarios porteños y empresarios que habían sido investigados por realizar un viaje, en octubre del año pasado, a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche.
En una extensa resolución de 73 páginas, el magistrado señaló que existieron «intromisiones injustificadas» sobre quienes se trasladaron a dicho destino turístico y ello derivó en «la vulneración del derecho a la privacidad».
Entre los sobreseídos se encuentran el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el ex ministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D’Alessandro; el juez de Casación Carlos Mahiques; el juez federal Julián Ercolini; el juez penal económico Pablo Yaradola; el ex agente de inteligencia Leonardo Bergroth; y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.
Ramos sostuvo que hubo «una actividad de seguimiento irregular» sobre las personas investigadas, la cual «contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado». Esto derivó, según el magistrado, «en la nulidad de la causa» iniciada por dicho viaje.
Asimismo, el juez afirmó que «no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis» sobre el traslado y la posterior reunión en la propiedad de Lewis. «Se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos», sentenció.
El viaje investigado
Según trascendió, el viaje habría sido costeado por el Grupo Clarín. Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado de dicho multimedio, fueron los organizadores de esta reunión en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, ocurrida en octubre del año pasado.
Entre los asistentes se encontraban magistrados de renombre vinculados a las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estaban el juez federal Julián Ercolini, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, su padre el juez de Casación Carlos Mahiques, el juez penal económico Pablo Yadarola y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, entre otros.
Tras difundirse públicamente la información sobre este viaje, se filtraron una serie de supuestos chats donde los involucrados coordinan cómo encubrir ese encuentro, hablando de conseguir facturas truchas. Además, discuten la estrategia para direccionar la investigación que se abrió al respecto, con intercambios entre Mahiques hijo y la fiscal federal de Bariloche Cándida Etchepare.
En esas conversaciones también realizan comentarios agresivos contra el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), organismo que habría registrado su arribo a Bariloche. El ministro D’Alessandro se jacta de que si llegara a ser ministro nacional, lo primero que haría sería «hacerlo cagar».
La filtración se conoce justo antes de la sentencia en la causa Vialidad, que tiene en el banquillo a la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Su instrucción estuvo precisamente a cargo del juez Ercolini, uno de los protagonistas de este escándalo que pone al descubierto la promiscuidad entre funcionarios judiciales y el Grupo Clarín.
