Se trata de la finca El Pajeal confirmada por casi 5 mil hectáreas. Los hermanos Delfín y Raúl Castedo la usaban en el entramado montado para traficar drogas desde Bolivia aprovechando que la propiedad limitaba con ese país.
El decomiso había sido pedido por los fiscales federales que accionaronen contra de los hermanos Castefdo y también por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el juicio que el año se siguió contra Delfín Reynaldo y Raúl «Hula» Castedo, más otras cinco personas por actividades vinculadas al narcotráfico.
Aquella vez –diciembre del 2022 – los enjuiciados fueron hallados culpables de los delitos que se le imputaban, pero el Tribunal difirió el caso de la finca para escuchar a quienes se consideraran con derecho a la propiedad. Se trataba de la viuda e hijos del ex diputado José Ernesto Aparicio que en realidad era testaferro de los hermanos narcos. En esa lista se encontraba también Héctor Barroso, hijo del anterior titular registral, Ocaviano Barroso.
El Tribunal integrado por Federico Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, ordenó el decomiso el 29 de noviembre. Al hacerlo dejó «sin efecto todo derecho real de usufructo constituido a favor de la señora Irma Yolanda Tejerina», la viuda del ex diputado Aparicio. Los magistrados entendieron que el ex diputado y su familia sabían de la actividad delictiva que se llevaba a cabo en ella. En cambio, dejó a salvo el derecho de propiedad de Héctor Ricardo Barroso sobre el 5% de la finca, por considerarlo un «tercero de buena fe», que no sabía de la utilización de la finca para fines delictivos.
El Tribunal Oral Federal resaltó que el decomiso tiene un carácter retributivo y también preventivo o disuasivo. “Su principal sentido es el de impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo, ya que carecería de sentido imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos». En ese sentido, reseñó que a pesar de la detención de su líder en 2016, el clan Castedo «siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo» enviadas desde la cárcel federal de Güemes, lo que pudo hacer «merced a su propio financiamiento económico, pero sobre todo gracias su posición en El Pajeal, que nunca abandonó».
El TOF1 recordó que se probó que los hermanos Castedo ocuparon la finca desde mayo del 2000 mediante un «acuerdo verbal» con Aparicio; destacó las «actividades delictivas desplegadas por la asociación ilícita haciendo base en El Pajeal -pretendiendo también extender sus dominios sobre la finca El Aybal- vinculadas al contrabando y tráfico de estupefacientes, y otras mercaderías» y «la explotación del campo El Pajeal por parte de Castedo y su banda, que se erigió como una estratégica fachada de generación de utilidades supuestamente legítimas, logrando introducir al circuito formal el producido de sus actividades ilícitas». «Claramente la frontera con Bolivia (por la parte de El Pajeal) se utilizaba como aduana paralela para el contrabando», agregó.
