Así lo enfatiza un informe del investigador Martín Obaya titulado “Una mirada estratégica sobre el triángulo del litio”. Un análisis comparativo con los casos de Bolivia y Chile, los otros países de la región que concentran en recurso.
Los estudios se multiplican en torno a cómo ese recurso que se concentra en Catamarca, Salta y Jujuy y convierte a nuestro país en un actor de peso en el mercado del litio. Hay distintos proyectos en el congreso nacional que incluyen desde una propuesta de legisladores de Jujuy del Frente de Todos para la creación de un Instituto Nacional del Litio; hasta los intentos de retomar una iniciativa presentada en 2015 que preveía «declarar de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus derivados»; u otra que busca una mayor participación del Estado nacional con la creación de YPF-Litio.
También hay investigaciones que visibilizan nuestras debilidades institucionales. Uno de ellos es el trabajo “Una mirada estratégica sobre el triángulo del litio”, del investigador de Fund.ar, Martín Obaya; quien compara los cuadros normativos de Bolivia y Chile con el de Argentina. Al hacerlo concluye que el nuestro “es poco favorable al desarrollo de políticas productivas, muestra visiones encontradas sobre la estrategia correcta y falta de coordinación entre provincias y niveles de gobierno”.
En Bolivia, resaltan, «el litio es un recurso estratégico y cuenta con un marco normativo específico. El Estado central controla la propiedad, el acceso, la explotación, la extracción y producción de carbonato de litio. La participación de empresas privadas se encuentra restringida a ciertas actividades y siempre en asociación con empresas públicas estatales”, explica Obaya.
En Chile, en cambio, la explotación está regulada por un marco normativo específico que data de los ’70. “Luego el Estado vendió su participación en las empresas productoras de litio. Desde entonces, la explotación quedó en manos privadas y el papel del Estado se limita a la regulación y a la supervisión de la actividad”, describe Obaya. Las dos operaciones actualmente activas en Chile, una en manos de la estadounidense Albemarle y otra a cargo de la chilena SQM, están reguladas por contratos firmados por la estatal CORFO, que es la propietaria de las concesiones en el salar de Atacama.
En Argentina, mientras tanto, “la actividad litífera se encuadra en el marco normativo que regula la actividad minera en general y se orienta a promover la atracción de inversiones privadas. En un esquema de gobernanza federal, solo Jujuy ha definido un marco normativo donde se establece el carácter estratégico del litio, mientras que Catamarca y Salta asumieron una posición que se corresponde con el carácter liberal del sistema normativo minero nacional», define el trabajo.
Otro punto muy relevante de la debilidad del entramado local es que durante los últimos años los reclamos y las manifestaciones de las comunidades en materia ambiental se han acentuado principalmente alrededor del tema del agua. La extracción de litio requiere de mucha agua y se realiza en zonas de alto «stress hídrico», ya que se trata de un recurso escaso para hogares y actividades productivas.
