Lo declaró la diputada del PRO, Sofía Sierra, quien asegura que el proyecto presentado por el oficialismo busca taponar la iniciativa que ella impulsó en abril para abrir los procedimientos legislativos a la sociedad.
En el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de hoy en Diputados hay dos proyectos de modificación del Reglamento de la Cámara. Uno de ellos fue presentado por la propia Sofía Sierra durante el mes de abril y el restante corresponde al oficialismo e ingresó a la legislatura hace dos semanas.
Mediante un comunicado difundido anoche, Sierra recordó que en la sesión del 23 de mayo intentó mediante una moción de preferencia que se fijase una fecha para el tratamiento de su proyecto, algo que el presidente del cuerpo impidió. “Pocos días después del incidente, el oficialismo presentó su propio proyecto” destaca el comunicado.
Sierra diferenció la naturaleza de su proyecto con el del oficialismo. El primero buscaría “abrir los procedimientos legislativos a la participación de la sociedad. Propone publicar en la página web de la Cámara todos los proyectos como también los dictámenes emitidos por las comisiones, y establecer tiempos de espera obligatoria en el tratamiento de los proyectos de ley, a fin de que los sectores involucrados puedan hacer llegar sus aportes, críticas o sugerencias”, destacó.
Sobre el proyecto del oficialismo, Sierra dice que va en un sentido contrario y que profundiza las prácticas de la Cámara: “se elimina, por ejemplo, el artículo que estipula la obligatoriedad de contar con dictamen, emitido con cinco días de antelación, para que un asunto pueda ser incluido en el Acta de Labor. Esta eliminación contraviene las buenas prácticas de los cuerpos legislativos en general, que reconocen en sus reglamentos la necesidad de que los legisladores -y la sociedad- cuenten con tiempos apropiados para conocer y analizar los asuntos” destaca; para luego agregar que se elimina “la norma que obliga al presidente a proponer a la Cámara el presupuesto anual del cuerpo, para que sea éste en pleno quien lo apruebe. Norma que de todas maneras no se cumple hoy. El proyecto oficialista busca que esta situación de incumplimiento quede consagrada como regla, otorgando formalmente al presidente discrecionalidad absoluta al respecto”.
“Las malas prácticas no son cosas abstractas. Tienen consecuencias muy concretas. Hace poco tuvimos un ejemplo con la ley antipiquetes. El oficialismo forzó su tratamiento y, como suponíamos, fue nafta echada al fuego. Tanto es así que finalmente el Gobernador tuvo que vetar sus principales defectos, un papelón, pero, sobre todo, una irresponsabilidad”, concluyó la diputada.
