El organismo envió al Comité sobre el cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, informes que dan cuenta del deterioro de las condiciones sociales y laborales y su impacto en los derechos.
El extenso informe lleva por título “La situación de los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina”. El mismo compila la información presentada al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en ocasión de la IV evaluación periódica de la República Argentina sobre el cumplimiento de sus obligaciones referidas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Se trata de diferentes secciones, aunque la introducción titulada “Información general” pincela bien el conjunto y por tal motivo lo transcribimos de manera íntegra a continuación.
“La Argentina mantiene importantes limitaciones estructurales para el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de la mayor parte de su población. Estas limitaciones se agravaron en los últimos años por la combinación de medidas políticas y económicas que produjeron una transferencia de ingresos hacia los sectores que concentran el capital, una tendencia hacia la reprimarización del sistema productivo y un proceso acelerado de endeudamiento público.
La brecha entre sectores de mayores y menores ingresos se incrementó en el primer trimestre de 2018. Según datos del INDEC, el coeficiente de Gini se ubicó en los 0,440 puntos frente a los 0,437 del mismo período del año anterior, es decir un incremento del 5,2%. El gasto público se ha mantenido en valores similares desde 2015, pero su composición se ha modificado: se ha incrementado la participación de los intereses de deuda, que entre 2015 y 2017 aumentaron en 0,9% del PIB, en detrimento de la participación del gasto en subsidios a las tarifas de la energía eléctrica, el gas y el transporte público automotor y ferroviario, que se ha recortado en un 0,8%5. La participación del gasto público de inversión en construcción y mejoramiento de viviendas, en redes de infraestructura y en el mejoramiento del espacio público sobre el presupuesto total ha sufrido fuertes recortes. El peso de la categoría vivienda y urbanismo como proporción del PIB se redujo un 50% entre 2015 y 2016: del 2,2% al 1,1%, y repuntó levemente en 2017 al 1,3%. La participación de la inversión destinada a obras de agua y alcantarillado cayó del 2% al 1,4%, entre 2015 y 2016 y en 2017 se desplomó al 0,3%.
Además, se ha realizado una reforma regresiva del sistema jubilatorio y de seguridad social. En diciembre de 2017 se aprobó una modificación de la fórmula para la actualización de jubilaciones y pensiones que supuso una reducción de aproximadamente el 10% del poder adquisitivo de los haberes percibidos. Además, se dio por finalizado un plan que permitía acceder al beneficio a personas que no tuvieran los aportes contributivos suficientes. Esta medida tuvo un impacto diferencial en las mujeres, que representaban el 75% de la población beneficiaria de ese plan. A partir de la reforma las mujeres sólo pueden acceder al 80% de la jubilación mínima y 5 años después de la edad establecida por el sistema jubilatorio tradicional para esta población -60 años-.
Este escenario adverso para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales se vio agravado por las derivaciones políticas y económicas de la situación crítica que atraviesa la Argentina a nivel macroeconómico, caracterizada por el enfriamiento de la economía interna, el empeoramiento de los indicadores laborales y sociales, la alta inflación (estimada en más de un 40% anual para 2018) y el veloz deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos fijos.
En abril de 2018, la realidad argentina se vio convulsionada por una crisis cambiaria que tuvo como efecto la devaluación de más del 100% de la moneda nacional frente al dólar estadounidense. El gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, que otorgó a la Argentina un préstamo por 50.000 millones de dólares en el marco del “Memorándum de Entendimiento Técnico” por el que el gobierno se compromete a llevar adelante un severo ajuste fiscal, focalizado en la reducción del gasto público. Según el texto del Memorándum, para orientarse al cumplimiento de esa meta el gobierno aumentará los recortes a subsidios a la energía y al transporte, despedirá a un mayor porcentaje de empleados y empleadas públicos y suspenderá obras públicas. En el caso de las provincias, las metas fiscales sólo podrán alcanzarse mediante un severo ajuste de su gasto público, recorte que afectará dos servicios sociales básicos cuya ejecución se encuentra descentralizada: educación y salud. Como gesto de austeridad, el gobierno reestructuró el gabinete nacional, degradando ministerios que implementan políticas públicas de gran impacto en materia de derechos económicos, sociales y culturales al rango de secretarías: Ambiente y Desarrollo Sustentable; Energía, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología son actualmente secretarías de Estado.
El anuncio no devolvió confianza de los mercados hacia la Argentina, ni contribuyó a estabilizar el valor del peso. A fines de agosto tras nuevas jornadas de “corridas financieras” y acelerada devaluación, el gobierno empezó negociaciones con el FMI para repactar el acuerdo asumiendo mayores compromisos de ajuste fiscal: solicitó un adelanto de fondos y se comprometió a alcanzar la meta de “déficit cero” en 2019. Esto supondrá una profundización de las medidas de ajuste ya previstas.
La creciente conflictividad social, producto del agravamiento de la situación laboral y social, ha sido abordada por el Estado -en sus diferentes niveles y expresiones-, a través de acciones de represión, criminalización e intimidación. Este tipo de acciones tienen un efecto disciplinador y restringe los derechos vinculados con la protesta social y la manifestación pública”.
