Anto Plaza es la representante legal de las 120 familias que se asentaron en una hectárea de esa zona de la ciudad. Hoy detalló algunos de los puntos que pudieron acordar con el organismo provincial.
Plaza preside también la Fundación Tomar Acción y relató en el programa que se emite por FM La Cuerda que la forma en que ella tomó contacto con las familias asentadas se originó del siguiente modo: “Ellos eligieron una delegada y ella tomó contacto conmigo porque había eminencia de que serían retirados por la fuerza. Justamente ese día jueves me acerqué al personal policial, quienes a su vez me ponen en contacto con el fiscal para que esa noche no haya represión. El fiscal me dijo que no había ninguna orden, pero las familias por otras experiencias ocurridas en otros asentamientos tenían el temor y algunas se retiraron: originalmente eran 350 y quedaron 120”, explicó.
Resuelta la primera urgencia, Plaza relató que al otro día se reunió con el fiscal que tomó conocimiento de que había personas en situación de emergencia habitacional y que la misma se había profundizado por las consecuencias de la cuarentena: “Personas que tenían trabajo antes de la pandemia y podían solventar una habitación precaria, dejaron de trabajar y fueron expulsados de esos lugares. Esa situación combinada con la condición de familias numerosas, con el hecho de que muchos ya no pueden ser recibidos en la vivienda de los padres o si los reciben son en condiciones muy nocivas, aceleró la conducta de buscar un terreno”, tal como ocurrió.
No obstante, la letrada aseguró que el asentamiento a la vera del ruta 21 tenía por objetivo visibilizar la situación en la que viven esas 120 familias. “Fue claro que esas familias no tenían la intención de llevar la ocupación hasta las últimas consecuencias porque buscaban visibilizar el problema y llamar al diálogo con las autoridades correspondientes. Justamente eso se puso en un acta que el Fiscal y yo rubricamos junto con la delegada en donde quedaba constancia de que el plazo para desalojar era el domingo. Mientras tanto, el fiscal oficiaba al IPV para iniciar el diálogo”, remarcó.
La reunión entre abogada e IPV se concretó el día viernes. “El área de legales del organismo se comunicó conmigo y me citan para iniciar las conversaciones. Allí ellos toman conocimiento de que ya estaba rubricada el acta de desalojo y se pusieron a disposición para poner al día las carpetas del IPV de los vecinos que se habían asentado e inscribir a aquellos que no tenían carpeta abierta en el organismo. El día viernes también me acerque con una notaria para dejar constancia de la identidad de cada una de las personas, de la existencia de 27 personas en riesgo crítico por tener certificados de discapacidad y muchas eran mamás solteras de más de cuatro hijos”, concluyó.
