miércoles 24 de julio de 2024
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A 48 años de la Masacre de Palomitas | Dos actos recordarán a los militantes asesinados por la dictadura en Salta

Uno lo organiza la Mesa de DDHH. El otro Familiares de Detenidos Desaparecidos e Hijos. El 6 de julio de 1976 mandos militares ordenaron “trasladar” a 11 presos políticos detenidos en Villa Las Rosas y los ejecutaron en el paraje de Palomitas.

El primero comenzará a las 10,30 en el monolito que recuerda a las víctimas en Parque San Martín. El segundo será en el mismo lugar a las 14 horas. Recordaran a Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky.

Todos eran presos políticos detenidos en la cárcel de Villas Las Rosas cuando el 6 de julio de 1976 fueron objeto de un “traslado” ordenado por Luciano Benjamín Menéndez y ejecutado en Salta por quien estaba a cargo de la guarnición local: Carlos Alberto Mulhall. Al llegar al paraje Palomitas los reclusos fueron obligados a descender del camión en que viajaban y tras ser alineados sobre el alambrado rural de una finca fueron ejecutados. Todos los detenidos estaban legalizados y bajo la protección del entonces juez federal de Salta, Ricardo Lona, quien fue cómplice de los militares.

Para justificar el acto homicida los asesinos fraguaron una mentira estrafalaria: comandos guerrilleros intentaron rescatar a los reclusos generándose una balacera en donde las víctimas fueron sólo los presos mientras los integrantes del bando castrense no sufrieron un rasguño. Los cuerpos de Georgina Droz y Evangelina Botta de Nicolai nunca aparecieron porque fueron dinamitados por haber sido altos cuadros políticos de las organizaciones de entonces. Algunos cuerpos fueron recuperados en cementerios tan lejanos como el de Yala en Jujuy, mientras la mayoría se enterraron a cajón cerrado hasta que el retorno de la democracia y el reclamo de las familias permitieron exhumarlos para confirmar el terror y la identidad.

Todas estas detenciones se habían legalizado y estaban bajo la protección del entonces juez federal de Salta, Ricardo Lona (f).

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