El máximo órgano de control de la provincia debe cubrir vacantes y ello ya genera pistoletazos entre oposición y oficialismo. El diputado nacional por Salta dijo que la Provincia se transformó en un mamarracho sin planificación ni “control”.
“La república aparente es la forma de gobierno de nuestra Provincia, aunque la realidad indica que de república hay poco y lo que sobra es la prepotencia, la mentira y la ignorancia. Prueba de lo expresado son los tristes acontecimiento que rodean la selección de dos auditores generales de la Provincia que ha tomado estado público en los últimos días” dijo en un extenso escrito el flamante diputado nacional por Salta en relación a la nominación de Elsa Pereyra Maidana y Marcos Segura Alzogaray para integrar la Auditoría General de la Provincia.
Zapata convirtió en blanco principal de su crítica a la primera de las mencionadas y para ello hizo un repaso histórico al recordar que cuando se realizó la reforma constitucional que dio origen al organismo se especificaba que el espíritu del mismo incluía que los cargos debían estar “cubiertos por personas capacitadas, que mantengan independencia de criterio con el poder político y, sobre todo, independencia en relación al Gobierno y a la parte política de quien gobierna” (…) En nuestra Provincia, esta cláusula constitucional ha sido reglamentada por la Ley 7103. Lamentablemente, la Legislatura de Salta avanzó sobre el objeto original ,o la voluntad de los constituyentes, en el sentido de que, mientras los constituyentes -de acuerdo a lo que dice la versión taquigráfica- buscaban un control independiente, los legisladores, al reglamentar este artículo, le quitaron en cierta medida la independencia, porque independencia significaba, desde mi punto de vista, la ausencia de la política o de la voluntad de quienes estaban llamados a administrar el Estado en la designación de los auditores”.
En ese punto, Zapata se detuvo en la Ley 7103 que en su momento empañó lo bueno que tenía el espíritu citado pero destacando que al menos dos de los integrantes del Colegio de Auditores deben reflejar la propuesta de la oposición política. “Este artículo 169 excluye al Poder Ejecutivo, el principal centro de atención o de labor donde se ha de desarrollar la auditoría, del proceso de designación de los auditores”.
“Este proceso de selección empieza por la Comisión de Auditoría, que se crea en el ámbito de la Cámara de Diputados, la cual tiene que estar compuesta no solo por los oficialistas (…) sino también por miembros de la oposición, que es lo razonable. En todo sistema democrático gobierna la mayoría con participación de la minoría. La exclusión total de la oposición del proceso de la administración de Gobierno o de control, significa generar las condiciones para el desarrollo de la corrupción”.
Allí recordó que este año venció el mandato de tres auditores, que durante diciembre vencen los dos restantes, que los tres primeros fueron designados a propuesta del oficialismo y que en consecuencia los dos cargos que vencen en diciembre deberían reflejar la propuesta de la oposición según el criterio de independencia política, pero también cumplir el requisito de ser profesionales en Ciencias Económicas o en Abogacía; tener especialidad en auditoría, en control y en administración financiera.
Allí destaca que desde el Gobierno de Urtubey la cláusula ha ido deteriorando al designarse personas que tenían título de Ciencias Económicas o de abogacía, pero carecían de conocimiento para desarrollar la auditoría; o personas que no ejercieron la profesión durante diez años y que en Salta depende de la acreditación del Consejo Profesional correspondiente.
No obstante, marca Zapata, el avance sobre la racionalidad y la moral “ha llegado en estos días a niveles violatorios de la Constitución”. Se refería a la forma en que se propusieron a los dos candidatos supuestamente opositores. Transcribimos a continuación el final del texto de Carlos Zapata.
“Como por arte de magia, luego de la renovación parcial de la Cámara de Diputados se constituyó la Comisión de Auditoría, donde no se identificó con claridad en su composición la presencia de miembros de la oposición política. El único que podría ser identificado de esta manera, no firma la resolución que lo propone. Es una resolución incausada desde el punto de vista del Derecho Administrativo y podría ser reputado nulo de nulidad absoluta porque no expone y omite hechos reales, como que al momento de reunirse esta comisión, ya había dos propuestas realizadas por dos sectores de la oposición política: una realizada por gente que integra el Frente de Todos en Salta y la otra realizada por mí en abril, que fue ratificada luego de conocido este atropello que llevó adelante en la Cámara de Diputados la Comisión de Auditoría.
Al ser inquirido el diputado Rallé, el presidente de la Comisión de Auditoría, sobre las quejas que venimos planteando desde la oposición por la arbitrariedad con la que se han movido y lo inconsulto e irracional de proponer a esas personas que no representan a la oposición política, llegó a decir que la oposición no se ponía de acuerdo. El diputado Rallé evidentemente quiere dar la espalda o meter la cabeza como los avestruces debajo de la tierra y pretender que todos creamos que la realidad que él quiere dibujar, es la realidad imperante.
La realidad es otra distinta, la oposición política ha cumplido en tiempo y forma, antes del vencimiento, en mí caso en abril y en el caso del diputado Hernández Berni luego del 24 de noviembre, ha cumplido acabadamente con el requisito de proponer reemplazantes en la Auditoría. Sin embargo, el diputado Rallé y la gente que lo sigue, encolumnado a la voluntad del gobernador y del elenco gobernante, han llevado esta propuesta que es totalmente reñida con la verdad y apartada de la realidad, pero también apartada de lo que es una sana, honesta y transparente administración.
Han propuesto a un señor que ya venía en la Auditoría, Segura Alzogaray y han propuesto a la señora Elsa Pereyra Maidana, dando muestra clara de la vinculación que ha existido de la candidatura de la segunda, mostrada como independiente en la elección nacional con el Gobierno de la Provincia. ¿Acaso esta es la retribución de haber apoyado y haberse prestado a actuar dividiendo a la oposición para que el kirchnerismo obtenga las dos bancas a diputados nacionales? Los hechos irán confirmando esto, pero desde mi punto de vista, esto claramente es un pago de favores, nombrando una persona con antecedente desconocidos en la materia y de dudosa independencia de criterios. Tenemos que recuperar la república y desde la oposición lo venimos planteado. Sistemáticamente, desde el Gobierno dicen cualquier cosa que no tiene nada que ver con la realidad y pretenden cubrir con un manto de engaño y de mentiras la tropelía que se está llevando adelante.
El expediente ha pasado al Senado y los senadores dicen que le van a dar correcto tratamiento. ¿Cómo puede darle correcto tratamiento en el Senado a un expediente que tiene falsedad ideológica? Esto tiene falsedad ideológica porque su contenido no corresponde con la realidad. La oposición política nominó a otras personas y estos fueron nominados por el oficialismo. Lamentablemente, en la Provincia de Salta, si no nos unimos en defensa del orden; en defensa de la institucionalidad y sobre todo en la lucha contra la corrupción, este tipo de cuestiones van a seguir sucediendo, se van a empoderar a auditores que no van a auditar como vino sucediendo durante los últimos 14 años y la Provincia de Salta pasará a ser una especie de isla, donde la irregularidad en el manejo de la cosa pública sea la constante.
