Luego de la repercusión mediática, social y política, el Gobernador de Salta derogó la normativa que impedía a víctimas de violación acceder al ANP.
Tras fuertes críticas, Juan Manuel Urtubey emitió el Decreto Provincial 584/18 para derogar la normativa que impedía el acceso al aborto no punible a víctimas de violación en Salta.
La decisión de modificar la legislación provincial surge en medio de la repercusión por el caso de la niña de 10 años violada por su padrastro, a quien le impidieron acceder a un aborto seguro por haber existido otro decreto (1170) -puesto en vigencia en el 2012- que lo prohibía.
Así, el Gobernador dio a conocer que la Provincia adhiere, a partir de hoy, al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que ratificó la Corte Suprema de la Nación con un fallo tiempo atrás.
“En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”, sostuvo en una segunda publicación en su cuenta oficial de Twitter.
El fallo FAL de la Suprema Corte no fija plazos para que una mujer pueda ejercer su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación o cuando corra peligro la vida de la madre.
En tanto desde el Observatorio de Violencia Contra la Mujer, unas horas antes, había solicitado informes e intervención de organismos implicados en el caso de la niña abusada y que no podía acceder al aborto, esto implicaba a la Asesora General de Menores e Incapaces; al Juzgado de Violencia Familiar y de Género; a la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial y al Ministro de Salud Pública. También solicitaron información de la estadística vinculada a la cantidad de intervenciones de asesores/as en casos de solicitudes de Aborto No Punible (ANP) y cuántos de esos casos culminaron en la realización de la práctica.