“Documento de la CGT regional Salta en contra de la Ley antipiquetes” es el título del documento. El mismo fue rubricado por una treintena de representantes gremiales que impugnaron el proyecto aprobado por diputados y senadores.
El escrito desarrolla 13 puntos, de los cuales 6 hacen hincapié en errores técnicos – parlamentarios a la hora del tratamiento. El más importantes de esos puntos es el que dice lo siguiente: “Fijar el alcance y límite legal de los derechos requiere Acuerdo Extensos y profundos de los actores de la sociedad civil, que en este caso no se han respetado”.
Los puntos 7 y 8 no son menos críticos. El primero dice que la ley contiene restricciones a la libertad de expresión, de huelga, de peticionar, de reunión y de movilización por lo cual la norma se convierte en “inconstitucional y anticonvencional internacional” por restringir “el derecho a la crítica política y la protesta social, por ende criminaliza la protesta social”.
En los puntos siguientes, los sindicalistas impugnan el poder que la ley otorga al Ministerio de Seguridad al que el proyecto otorgaba la condición de Autoridad de Aplicación. Para los sindicalistas, ese organismo recibe “poderes omnímodos, ya que le otorga la potestad de reglamentar las demandas del colectivo”. Por esos y otros puntos, el documento culmina con una declaración tajante: “requiere que el gobernador de Salta ejerza el veto total a esta ley por injusta, ilegal, anticonstitucional y anti-convencional (internacional).
