La región lidera la lista nacional y patriarcal de las violencias machistas. Jujuy y Tucumán encabezan los registros de femicidios, aunque en Salta ya se produjeron 10.

Jujuy y Tucumán se mal destacan ahora como en otros años ocurría con Salta. En esas dos provincias se dio el mayor número de femicidios: 12 en Jujuy, mientras en Tucumán, en lo que va del año, el número llega a 16, superando la cantidad registrada el año pasado. En ambos distritos la situación ha generado hechos que conmocionaron: manifestaciones masivas en la provincia gobernada por Gerardo Morales se niegan a atender los reclamos de una ley de emergencia por violencias; o linchamientos comunales del sospechoso de la violación y asesinato de la niña de 9 años Abigail Riquel.

Municipalidad de Salta

“Pablo Riquel, atravesado por el dolor de la muerte de su hija, dijo una frase que rápidamente se viralizó y fue titular: ‘Pagó por lo que ha hecho, mi hija descansará en paz’. A partir de esta declaración, el diputado salteño Ignacio Jarsún, valiéndose de la sensibilidad que produce en la sociedad la violación y la muerte de una niña, expresó la necesidad de que exista la pena de muerte. La impotencia frente a la inacción del Estado pareciera explicar esta violencia puesta al servicio de la justicia por mano propia, pero perpetúa una pedagogía de la crueldad que está detrás del conteo permanente de femicidios. Ni siquiera el dolor frente a la pérdida de un ser querido habilita un linchamiento. En definitiva, la emoción violenta ha sido históricamente el atenuante para absolver a femicidas. La lucha contra la crueldad es constitutiva de los feminismos”, enfatizaron Estefanía Santoro y Euge Murillo en un informe publicado hoy por el diario Página 12.

En ese mismo informe se da un paneo de lo que ocurre en Salta, en donde según el Registro Provincial de Femicidios de la Corte de Justicia de Salta hubo 10 femicidios en lo que va del año. “Esta provincia presenta algunos avances con respecto a Jujuy y Tucumán en materia de políticas públicas para enfrentar la violencia, tales como la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género aprobada en 2014, prorrogada a principios de este mes hasta 2022, y la creación de refugios que actualmente funcionan”, destaca el escrito, aunque a renglón seguido se dice que esos refugios en los hechos no funcionan efectivamente.

Tania Nieves Kiriaco, abogada e integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género de la Procuración de Salta, explica que la falta de respuesta se debe al escaso presupuesto destinado para paliar la problemática de la violencia y asegura que desde el inicio de la pandemia no se implementó un protocolo especial para dar respuesta a los casos de violencia machista que fueron incrementándose. “Necesitamos una asistencia presencial, económica, acompañamiento psicológico y más refugios, no desde ese formato virtual sino un acompañamiento efectivo hacia las mujeres. Todavía no llegamos a noviembre y diciembre que, por la experiencia que tenemos en los registros, son los meses en los que se dan más casos de femicidios, y ya tenemos 10.”