El salteño rubricó el documento con que los gobernadores impugnaron los anuncios de la Casa Rosada que privan a las provincias de ingresos.
Gobernadores peronistas reunidos hoy en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), firmaron un duro documento para criticar a la Casa Rosada por el paquete de medidas económicas que se tomaron después de las PASO del 11 de agosto. «Las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir estos costos fiscales al no disponer con ellas de compensaciones necesarias a las provincias argentinas», expresaron. Según los mandatarios, las políticas generan «un despojo de nuestros recursos colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento» y advirtieron que, de no ser escuchados por el Gobierno, podrían acudir a la Justicia.
El mandatario salteño fue parte de la reunión y rubricó el escrito. Consultado por la prensa antes de ingresar a la reunión, el compañero de fórmula de Roberto Lavagna enfatizó que “la calidad de vida de la gente se cae de una manera estrepitosa” y que en ese marco con “el impacto de la devaluación y la crisis generada, pretender que esto se resuelva con estas medidas es de mínima una ingenuidad”, sentenció.
También remarco como segundo problema grave es el desfinanciamiento que las medidas pueden provocar a todas las provincias argentinas agravando “la situación fiscal de las provincias en un escenario en donde inevitablemente quieren llevar el déficit fiscal a toda la Argentina”. A pesar de los reclamos, el mandatario puso paños fríos sobre el final de su exposición: “Me parece que lo importante es recuperar la serenidad frente a una crisis como ésta. Esperamos que se pueda aliviar la situación de la gente”.
En el dossier que hicieron circular tras el encuentro, los dirigentes provinciales afirmaron que están «en grave peligro de no poder afrontar gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz Social» en cada uno de sus distritos.
«Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial esta acción del Estado Nacional que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis que puede empujar incluso a la toma de medidas de caracter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicio a nuestro país», explican.
En ese sentido, se plantan ante la administración nacional. «Vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte», prometen y reclaman compensaciones financieras. «Quedamos abiertos al diálogo franco y responsable dejando sentado que de no se así nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual», cierran su comunicado, que lleva las firmas de 18 mandatarios.
