Uriburu: el golpista salteño al que la Corte de Justicia auxilió a cambio de ventajas corporativas todavía vigentes

Tras protagonizar el Golpe de Estado de 1930, el dictador salteño pidió al máximo Tribunal de Justicia que legalizara el mismo. A cambio le otorgó una ventaja con la que los jueces supremos condicionan la democracia.

En medio del debate sobre cómo el Máximo Tribunal de Justicia de la nación frena las iniciativas del poder ejecutivo apelando a artilugios jurídicos, Horacio Verbitsky recordó ayer uno de los servicios que le realizó a esa corporación el militar salteño que en 1930 derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Fue en su habitual columna de los días domingos en el sitio “El Cohete a la Luna” y que acá reproducimos.

“El 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema firmó una Acordada de triste celebridad. Los jueces José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna y el Procurador General, Horacio Rodríguez Larreta, dijeron que el gobierno de facto encabezado por el general golpista José F. Uriburu se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para ‘proteger la libertad, la vida y la propiedad’, por lo cual dispusieron ‘dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados’. Si después los funcionarios que lo integran ‘desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad’, la Justicia las restableceriola. Colocar a la propiedad en el podio de los valores que cuentan para legitimar la violencia oligárquica contra la primera presidencia que representó en parte a las clases medias en ascenso, no fue un acto gratuito.

El texto no requiere mayor comentario, pero por detrás hay una historia oculta. Entre la firma de esta Acordada vergonzosa y el recorrido de Uriburu por la Avenida de Mayo en un convertible descapotado, habían pasado 96 horas. Suficientes para negociar el precio que pagaría el gobierno de facto, por su legitimación. Desde la Constitución de 1860 y durante siete décadas, el Poder Ejecutivo designó a cinco sucesivos presidentes de la Corte Suprema, con carácter vitalicio, según el modelo estadounidense. A cambio del reconocimiento del gobierno surgido del golpe militar del 6 de septiembre, Von Pepe resignó esa facultad y permitió que los propios jueces designaran a su presidente. Quien desconozca esta ventajita corporativa no está contando toda la verdad sobre el episodio”.