El historiador Daniel Escotorín repasa y analiza el desafío del gobierno electo y el movimiento popular peruano: establecerse, defenderse, movilizarse y no defraudar las expectativas de las mayorías.
La diferencia de votos, aunque exigua, con casi el 100 % de los votos escrutados era ya irremontable para la candidata Keiko Fujimori; la victoria de Pedro Castillo era ya un hecho irrefutable pero aun así los medios de comunicación no atinaban a nombrarlo como virtual presidente electo. El recuento de votos llegó a su fin y no obstante con los números definitivos los voceros del orden dominante peruano no reconocen a Castillo, mientras Fujimori hija juega sus últimas cartas que van en el sentido de deslegitimar al futuro presidente a la par que su destino parece ser acompañar a su padre en la cárcel.
El triunfo de Castillo como sucede con la mayoría de candidatos de perfil progresista, popular, etc., despierta entusiasmo y expectativas, que a veces terminan en decepción y en este caso ante la profunda crisis política que padece la democracia peruana se arriesga no solo a la decepción sino a que su gobierno termine como los recientes, antes de lo que establece el mandato constitucional de cinco años. Las crisis recurrentes, constantes en Perú son el síntoma y efecto del modelo económico y político que realizó el ex presidente Alberto Fujimori en los noventa: autogolpe, nueva constitución a gusto del modelo, terrorismo de estado, neoliberalismo y corrupción fue la secuencia que llevó a Perú a una degradación social extrema. Los partidos tradicionales como en la mayoría del continente se degradaron y fueron parte del modelo, aun los populares como el APRA, la representación política se fragmentó a la par de las identidades y las decenas de partidos que emergieron tienen la capacidad de bloquear proyectos, son armados para negociar espacios de poder y recursos por lo que quedan a merced de los factores de poder. Hay excepciones, uno de ellos es la fuerza de Verónika Mendoza, ex candidata presidencial del campo progresista.
Castillo asumirá en precarias condiciones de poder político; el conglomerado de partidos, medios, poder económico: finanzas, terratenientes, capital extranjero, y los personeros del Departamento de Estado ya apuntan a esa debilidad para condicionarlo desde el momento que no lo reconocen como presidente electo. El triunfo de Castillo es inobjetable pero es verdad que la mínima diferencia potencia la capacidad ofensiva de la oposición de derecha ya sea con Keiko Fujimori u otros dirigentes (Vargas Llosa, Hernando de Soto) que solos o coaligados buscarán frenar cualquier pretensión de reforma del modelo económico. Frente a este escenario de seguro conflicto político, Castillo deberá apelar con urgencia a la prometida asamblea constituyente para reemplazar la de 1993 pergeñada por Fujimori. El dirigente sindical y presidente electo dijo que disolvería el Parlamento si éste se negara a votar la reforma, mientras la CGT-P llamó a movilizarse estos días en defensa de la soberanía popular expresada en las urnas, como así también la ex candidata Mendoza se manifestó por el respeto y acatamiento a la voluntad popular.
Perú viene de una convulsionada etapa que tuvo como epicentro la destitución del presidente Martín Vizcarra en noviembre del 2020 por “incapacidad moral” pero al ser sustituido por el presidente del Congreso Manuel Merino, se desencadenaron masivas protestas en todo el país en rechazo a esta sucesión. La represión fue violenta y dejó el saldo de decenas de heridos, dos muertos y cientos de detenidos pero Merino renunció siendo designado Francisco Sagasti que ordenó el cese de la represión policial. Fueron más de diez días de sostenida disputa por las calles para sostener la movilización popular con claros ecos de las formas que se desarrollaron en Chile desde el 2019 hasta hoy.
Por su procedencia gremial, su formación política de izquierda y su acercamiento a las experiencias populares como la de Bolivia, Castillo sabe que no puede prescindir del apoyo popular activo, o sea ganar las calles pero también el sustento de las organizaciones populares como la misma CGT-P y sus sindicatos para transformar las movilizaciones multiformes de protesta en un movimiento de apoyo y defensa, así también de nuevos actores surgidos en las protestas como los jóvenes. El fujimorismo mantiene su primera minoría en el Parlamento y esto obligará a duras negociaciones y acuerdos con los otros partidos en su mayoría de centro derecha lo que permite avizorar un campo de crisis y confrontación.
Se trata de una etapa crucial en el contexto de una crisis de hegemonía, que marca el límite de expansión del modelo neoliberal. Crisis que se expresa en las instancias de representación y dirección de las fracciones de la clase dominante y sus proyectos sumando ahora el ascenso de las demandas de las clases populares tal como con sus diversos matices y gradualidades se vive también en Chile y ahora en Colombia, así como en un sentido conservador se mantiene en Ecuador: triunfó Lasso, perdió el movimiento popular ecuatoriano, no por mezquindades sino por una irresuelta disputa interna de fracciones político- sociales en torno a un proyecto orgánico nacional. Más allá de los resultados lo que aparecen en el escenario regional son dos desafíos –problemas de atención simultánea: articular unidad popular ante la reacción de las clases dominantes de los países y avanzar con reformas integrales. Tal como se vio en Chile, Perú, Colombia últimamente, los diversos movimientos sociales fueron parte de las movilizaciones ya no con sus demandas particulares exclusivamente sino como parte del colectivo popular con sentido político general. En el caso chileno ese fenomenal cuestionamiento al orden dominante derivó en una asamblea constituyente que estará dirigida por mayoría absoluta de representantes de movimientos y partidos anti neoliberales, mientras que el principal candidato a ocupar el sillón de La Moneda es un dirigente del Partido Comunista (Daniel Jadué); es el recorrido actual de las luchas en Colombia, que comenzaron a cuestionar de manera integral un sistema tan injusto como autoritario bajo la fachada de las democracias neoliberales.
El triunfo de Castillo es un duro golpe al proyecto neoconservador en la región apuntalado por Estados Unidos que tuvo su breve invierno político con los gobiernos de Bolsonaro, Macri, Piñera, Santos y Duque en Colombia más la dictadura de Añez en Bolivia. Esta próxima etapa se avizora como más dura si Castillo y quizás Jadué en Chile despliegan programas más avanzados que los que llevaron a cabo los antecesores progresistas de la región. Es que justamente en estos países donde la derecha intentó llevar a cabo un proyecto restaurador, fue donde se comprobó los límites de un modelo agotado en lo económico y con un tablero mundial que expresa la imposibilidad de su reproducción, que fue posible bajo el marco de un orden mundial unipolar, por lo que insistir en esa dirección solo puede con el predominio de la faz represiva, es decir que el consenso social en torno a la ideología del libre mercado absoluto se quebró. Las próximas batallas electorales expresarán esa alta polarización y a una derecha conservadora con visibles niveles de violencia y apelaciones antidemocráticas. En Chile, Perú y Brasil (también Colombia) las fuerzas armadas y el Ejército en particular mantienen cotas de poder altas y efectivas que los convierten en factores que podrían llegar a ser determinantes en un contexto de crisis política prolongada.
En este sentido, el apoyo activo del bloque democrático popular, Argentina, Bolivia, Venezuela en el cono sur junto a México y Cuba al nuevo gobierno peruano, donde estaba la base de hostigamiento al gobierno de Maduro con el Grupo Lima junto a la OEA, será fundamental y decisivo. Si este año surge un nuevo gobierno popular en Chile y el próximo en Brasil habrá nuevamente cambiado el contexto en América. El desafío del nuevo gobierno y el movimiento popular peruano es enorme: establecerse, defenderse, movilizarse a partir de una gestión que no defraude las expectativas de las mayorías y asiente un nuevo punto de partida para los pueblos de Latinoamérica.
