La medida fue anunciada hace tres meses por el ministro Lacunza y pateaba para más adelante el pago de obligaciones de la nación a las provincias. En el “corralito” habían quedado atrapados más de 1400 millones de la provincia.

El Gobierno excluyó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires del reperfilamiento de deuda anunciada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a fines de agosto. Ello generó en su momento el reclamo de las provincias – incluida la nuestra – por los “desequilibrios financieros” que generaba en los distritos subnacionales y que llevó en su momento al ministro de economía provincial – Javier Montero – a declarar lo siguiente: “No nos han quitado los fondos, sino que han quedado suspendidos, pero para llegar al día que podamos utilizar esos fondos faltan todavía 3 meses y más también. Hay una inquietud porque hay fondos que uno va a buscar, pero todavía no nos lo dan, pero tampoco es algo que necesitamos para mañana. Inmediatamente conocido esto, nosotros nos pusimos en contacto con el gobierno nacional y comenzamos a reclamar, porque son medidas que tienen impacto en las finanzas de todas las provincias”.

Esas preocupaciones llegaron a su final en el día de hoy. Así lo indica el texto del decreto 796/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial: «Exclúyese de la postergación prevista en el Decreto N° 596 del 28 de agosto de 2019, a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo, cuya tenencia registrada al 31 de octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No Financiera de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social», puntualizó el DNU.

Por su parte, el texto también detalla qué pasará con los títulos cuya fecha de pago original ya venció. “Serán cancelados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba esa información o de la publicación del presente decreto, la que ocurra última», detalla.

Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron a los medios nacionales que este decreto es “bueno” para las provincias, dado que se normaliza el pago de LETES y LECAP, según consignó la agencia estatal Télam. “Queda pagarles aproximadamente un 25 o 30 por ciento del monto original, equivalente a unos 350 millones de pesos que se cancelarán en moneda local. No quedaba tanto porque se les fueron recomprando a las provincias que tuvieron vencimientos y tenían deudas que pagar”, agregaron.

Con este cambio, quienes siguen afectadas por el “reperfilamiento” son las empresas privadas  y personas individuales que invirtieron en un fondo común de inversión con una cartera que incluía letras que fueron reperfiladas. “Para las personas que hicieron esta inversión antes del 31 julio, la Comisión Nacional de Valores estableció una manera de que queden excluidas del reperfilamiento. Pero no para aquellos que realizaron la inversión desde el 1 de agosto en adelante”, indicó Página 12.