jueves 28 de marzo de 2024
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Salta

Un cuarto de siglo de deforestación | Desmontes e inundaciones en Anta

Varias voces señalan la relación entre inundaciones y avance de la frontera agropecuaria. Breve historia y cifras de un proceso que los gobiernos de Romero y Urtubey posibilitaron. (Daniel Avalos)

Las inundaciones volvieron a golpear. Esta vez los salteños que quedaron pasados por agua habitan localidades del departamento de Anta. No hay motivos para dudar de la sorpresa que explicitó el gobierno provincial ante unas lluvias que no son propias de un mes como octubre. Pero tampoco podemos desconocer las voces que aseguran que el desastre es una combinación de factores que los humanos no controlamos como las lluvias, con otros que son el resultado del accionar de hombres y mujeres: los desmontes desaforados.

Así lo manifestó por ejemplo la organización ambientalista Greenpeace que ayer aseguró que tal relación es real. Para ello puntualizó dos puntos: en Salta se desmontaron 1.406.005 de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2017; y en la zona puntual del desastre, el agua pasa sin freno por la finca La Moraleja en donde se desmontaron más de 3 mil hectáreas de alto valor de conservación protegidas por la Ley de Bosques. El resultado de todo ello ya lo escuchamos varias veces: la tala desmesurada de bosques nativos deja a las poblaciones sin los mecanismos que equilibran los ecosistemas y que funcionan como esponjas y paraguas naturales para proteger el suelo.

Es cierto: quien lo dice es Greenpeace, la organización a la que muchos califican – no sin razón – de practicar un conservacionismo intransigente y de recurrir a datos empíricos de dudoso rigor técnico con el objeto de otorgarle fuerza a generalizaciones de tipo ideológicas. Conviene entonces ir en búsqueda de datos producidos por otras instituciones. El ejercicio es posible y tales datos pueden recopilarse de aquí y de allá para pincelar un proceso que involucra a la provincia en su conjunto y al departamento de Anta en particular.

Bomberos trabajan cubiertos de agua en la localidad de Apolinario Saravia.

Dos gobiernos, una misma política

Un informe de la Auditoría General de la Nación publicada en mayo de 2014 viene a nuestro auxilio. El mismo denunciaba que nuestra provincia incumplía la ley de Bosques. Pero antes de especificar cómo se violaba la norma, los auditores reconstruyeron el proceso señalando que el Censo Agropecuario de 1937 indicaba que la superficie de bosques nativos del país era de 37.535.308 hectáreas; que entre ese año y 1987 se desmontaron 2.355.308 de ese total; que tal cifra se estiró a 6.452.853 hectáreas entre 1988 y el 2006 en todo el país, aunque Salta y Santiago del Estero eran los distritos que más aportaron a la cifra.

En el caso salteño y a partir de datos de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los auditores nacionales precisaron que entre 1998 y 2002 (auge del gobierno romerista) las hectáreas desmontadas fueron 194.386, número que se estiró a 414.934 entre 2002 y 2006. En medio de esa tendencia hubo dos momentos claves del gobierno de Romero que motivaron al por entonces diputado nacional “K”, Miguel Bonasso, a plantear la necesidad de la llamada Ley de Bosques.

El primero ocurrió en abril de 2005 cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural” y vendidos en siete parcelas de más de 2.000 hectáreas cada una. El otro hecho ocurrió en noviembre de 2007 cuando a Romero le restaba un mes para dejar el gobierno. Bonasso lo resumió así: “El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.” (“El Mal”. Edit. Planeta. 2011, pág. 262).

Ante ello, el 21 de noviembre de 2007, el Senado Nacional dio la media sanción que faltaba a ese proyecto que reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que cada provincia realizara un ordenamiento territorial que estableciera qué bosques debían preservarse sin alteración (pintado de rojo en el mapa de ordenamiento territorial), cuáles podían desmontarse parcialmente (color amarillo) y cuáles podían talarse sin restricciones (color verde).

Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia de Salta.

La sanción de la ley coincidió con el inicio de la era Urtubey quien por un lado apelaba a cierta retórica proteccionista, mientras por otro impulsaba un Ordenamiento Territorial que desconociendo el texto original redactado por técnicos universitarios, terminó optando por los puntos centrales del proyecto elaborado por los senadores provinciales que por ese entonces incluía a un todavía ignoto sojero: Alfredo Olmedo.

Tras ello vino la trampa que los auditores nacionales denunciaron en mayo de 2014: deforestaciones en el periodo comprendido entre la sanción de la Ley de Bosques y la aprobación de la ley provincial; más desmontes durante el periodo que fue desde la entrada en vigencia de la ley provincial y el año 2011; y fundamentalmente un irregular artículo 17 de la ley salteña que contemplaba “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”. Traducido: la provincia permitía que zonas pintadas de amarillo se convirtieran en verde a pedido de los productores que cumpliendo ciertos requisitos administrativos desmontaban ilegalmente.

Según los auditores nacionales 14.000 hectáreas habían sido desmontadas apelando a ese mecanismo ilegal, aunque organizaciones como FARN, Vida Silvestre o Greenpeace aseguraban que la ilegalidad se había llevado puesta 120.000 hectáreas protegidas. Lo cierto es que durante todo ese periodo la mayoría de las audiencias púbicas para resolver las “recategorizaciones” se dieron en el departamento de Anta.

El bloque deforestador

Desde entonces el enojo velado de los sectores vinculados al campo se volvió explícito. Cerrada la posibilidad de burlar la norma con la complicidad del gobierno, se lanzaron a exigir la desaparición o al menos la flexibilización de la misma con el objeto de que el despojo se legalice. Del bloque también formaba parte el diario El Tribuno, aun cuando en aquel año Romero y Urtubey juraban ser como el agua y el aceite ante la eminencia de las elecciones en las que se enfrentaron por la gobernación en mayo del 2015. Pero volvamos a septiembre del 2014 cuando en medio de los sablazos entre uno y otro, el diario publicó el 25 de septiembre una nota titulada “La incertidumbre frena las inversiones rurales en Salta”. Allí el editorialista lamentaba que los “proteccionistas” se hubieran impuesto sobre un Urtubey al que calificaron de timorato por emitir “la resolución Nº 381/14 y por la cual se suspendían las recategorizaciones prediales” que habían sido denunciadas por ambientalistas, pero corroboradas por el auditores de la nación como ya vimos.

El triunfo de Cambiemos en noviembre del 2015 reforzó el bloque deforestador. Desde entonces no se niega la intención de flexibilizar la Ley de Bosques y tampoco la comunión de ideas entre Macri, Urtubey, Romero y los grandes medios provinciales que en nombre del progreso apañan a los agentes económicos que ante un árbol desarrollan un intenso deseo de tumbarlo. Los cambios en el gabinete provincial de noviembre del 2017 consolidaron la tendencia con el arribo de los ministros Fernando Yarade y Paula Bibini.

El primero asumió como Jefe de Gabinete, un hombre que tras dejar la política en el 2013 se vinculó al Banco Macro del poderoso Jorge Brito quien por septiembre del 2017 anunció en una entrevista a El Cronista Comercial que Inversora Juramento S.A. saldría a cotizar acciones en la Bolsa de Nueva York para “recaudar hasta 200 millones de dólares”. El dinero debía servir para dar liquidez al emprendimiento que posee en Anta con un doble objetivo: multiplicar las cabezas de ganado que se estimaban en 70 mil y adquirir tierras para expandir las 87.414 hectáreas que posee en ese departamento salteño donde también se cultiva maíz y soja para alimentar a ese ganado.

Bibini asumió como ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y su perfil es similar: fue socia fundadora de “Industrias Frigoríficas Norte Grande S.A.”, empresa que desde 2007 amasó una fortuna dedicándose a tareas agrícolas, ganaderas y forestales que también ven en la expansión de la frontera agropecuaria la condición de posibilidad para respirar beneficios y alimentarse de los intereses del dinero.

El cerco

Al frente de ese poderoso bloque cuyas redes trascienden a la provincia, no se avizora nada con la fuerza suficiente para frenar la arremetida de los poderosos, o al menos para lograr que las consecuencias negativas de la desmesura ya ejecutada sea reparada. Ni los grupos proteccionistas, ni la izquierda, ni el progresismo salteño son capaces de aportar musculatura a una población campesina e indígena cada vez más debilitada por el cerco al que son sometidos por el avance de esos sectores.

Grafica bien esa situación la atomización de nuestros pueblos originarios que representan un mosaico étnico tejido por un número indefinido de pequeños y a veces insignificantes parajes salpicados a lo largo de una geografía enorme. Variables que combinadas entre sí constituyen la materia prima indispensable para que los poderosos intereses consoliden una rentabilidad asombrosa a costa de indígenas y pequeños campesinos que siendo expulsados de sus tierras, terminan viviendo en localidades como Apolinario Saravia en donde el agua de las inundaciones termina llevándose lo poco que tienen.

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