Primero fue el diputado Santiago Godoy el que anunció un proyecto de ley para reducir a la mitad las comisiones que la entidad bancaria cobra a la provincia. Ahora los que pidieron informes fueron los senadores provinciales.
En medio de la pandemia y los innumerables impactos económicos que posee, varios se preguntan de dónde saldrán los granos de arena que ayuden al conjunto. El Banco Macro devino en blanco de las miradas. A principios de la semana, el diputado Santiago Godoy recordó que esa entidad cobra mucho por ser agente financiero de la provincia, pagar sueldos a empleados públicos o por ser agente de crédito de los mismos. En ese sentido, aseguró que el proyecto que presentó determina que hasta tanto dure la crisis, la comisión que cobra el banco debe reducirse en un 50% a fin de que el resto del dinero pueda ser usado por la provincia para combatir la pandemia y reactivar la economía.
Ayer fue el turno de los senadores provinciales. En la sesión de ayer aprobaron pedidos de informes referidas a la prestación de servicios del Banco Macro S.A. en su carácter de Agente Financiero de la provincia. El firmado por los senadores Sergio Ramos, Sergio Saldaño, Dani Nolasco, Alfredo Sanguino, Javier Mónico y Guillermo Durand Cornejo, requiere al Ministerio de Economía una Copia del convenio actual de Vinculación entre el Estado Provincial y el Banco Macro como agente financiero.
También se aprobó una resolución de autoría del senador José Ibarra que solicita al Poder Ejecutivo que proceda a renegociar el convenio de vinculación vigente con el Banco Macro S.A., aprobado por Decreto N° 104/96 y prorrogado por las Leyes 7.336 y 7.826. El proyecto propone la obligación de pago de un canon anual fijo a favor de la Provincia, por parte del Banco Macro en su carácter de exclusivo agente financiero del Estado Provincial.
También hubo tiempo para las declaraciones individuales. Guillermo Durand Cornejo, por ejemplo, cuestiono por el programa El Acople que durante los gobiernos de Juan Calos Romero y Juan Manuel Urtubey le resultó imposible conocer el contrato para establecer al Banco Macro como agente financiero de la administración pública.
