Pablo Outes - Gustavo Sáenz - Nicolás Demitrópulos.

Los nombres confirman que los gobiernos no son bloques homogéneos, sino un acuerdo entre sectores. Gustavo Sáenz y su entorno comandarán un gabinete con huérfanos urtubeicistas, romeristas activos y algunas caras nuevas. (Daniel Avalos)

Esos nombres tienen el alto valor analítico: ratifican – al menos para la primera etapa del nuevo gobierno – una concepción de administración provincial que en lo central no es distinta a la que viene funcionado en Salta: la economía para hombres y mujeres a los que contiene el término tecnócratas; los valores y las creencias para quienes abrazan el legado hispano y católico; y la dirección política del conjunto al gobernador y un entorno de extrema confianza.

Lo último se reduce a dos figuras claves: Pablo Outes y Nicolás Demitrópulos. Serán los coordinadores generales y son las personas que gozan del privilegio de ingresar al despacho del jefe sin tocar la puerta, esos que pueden protagonizar discusiones con el gobernador sin que ello ponga en peligro los vínculos que el trío consolidó en la gestión capitalina y que ahora se trasladará al Grand Bourg.

No se trata de algo inédito en la historia de las cúpulas de gobierno. Nadie sabe bien cuándo, a los lazos amistosos – que no necesariamente incluye metas compartidas -, se le sumó la condición de compañeros que comparten un objetivo político y el modo de hacer el camino hacia ese objetivo; pero lo cierto es que entre Saénz, Outes y Demitropulos existe ese tipo de relación doble. Con el último compartió colegio secundario y luego un recorrido político que empezó a consolidarse cuando el actual gobernador devino en presidente del Concejo Deliberante en el año 1995. Con Outes la relación es más tardía, pero hace años que “Pablo” se ocupa de tejer armados políticos y acuerdos funcionales a un Gustavo Sáenz que guarda para sí la decisión última sobre la ejecución y la forma de hacerlo. Quienes frecuentan la carpa política saencista aseguran que Outes aspira a monitorear la “política” y Demitrópulos las comunicaciones, un reparto de tareas que ya ejecutaron en el gobierno de la ciudad.

Sobre el trío sobrevuela Ricardo Villada en el confirmado Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Dicen algunos que Villada carece de luz propia en esa pequeña constelación, aunque efectivamente orbita sobre los astros que brillan por sí mismos. Ya ocupó la misma cartera en el municipio y todos lo sindican como uno de los “políticos” del nuevo gabinete. Nadie termina de explicar bien qué entienden por “político”, aunque parecen referirse a la condición de nexo capaz de tejer relaciones entre el gobierno con el parlamento, los partidos políticos y algunos sectores del “Círculo Rojo” provincial a partir de charlas más bien criollas en donde los pactos siempre presuponen algún tipo de vínculo amistoso entre las partes. No hay por qué dudar de las fuentes que aportan el “dato”, aunque parecería prudente reducirlo a relaciones de tipo palaciegas más que electorales. La prudencia se justifica con los antecedentes comiciales de Villada, que no son buenos.

La administración de la Economía

Los apellidos del gabinete vinculados a la producción y administración de las riquezas provinciales mantienen el patrón inaugurado por Romero y continuado por Urtubey: cuadros técnicos adaptados a las lógicas de acumulación vinculadas a una matriz productiva extractiva y exportadora. Que Roberto Dib Ashur asuma en Economía y Servicios Públicos lo confirma: nuevo rico desprovisto de los blasones patricios salteños que el romerismo hizo emerger en los 90´. Su carrera se remonta a 1999 cuando asumió como Gerente Financiero del IPV, cargo en el que estuvo hasta el año 2007. Hay quienes aseguran que por entonces compartía consultorías con quien sería ministro de Economía “U”: Carlos Parodi, quien seguramente influyó en el recorrido del “Loro” Dib Ashur durante el urtubeicismo: Subsecretario de Financiamiento Internacional entre diciembre del 2007 y febrero del 2008, Director General de Estadísticas hasta octubre del 2008, retorno a la Subsecretaría de Financiamiento Internacional y salto posterior al ministerio de Educación de la provincia hasta el año 2017. Muchos lo vinculan a la “cofradía de los contadores”, conducida durante años por el propio Parodi e incluía a ministros como Javier Montero, Carlos Abeleira o Sebastián Gomeza, quienes siempre estuvieron inclinados a inversiones privadas y se caracterizaron por carecer de vínculos con las bases sociales del peronismo al que dicen representar.

Quien vuelve a integrar un gabinete es Sergio Camacho. Asumirá como ministro de Infraestructura y su cultura política no es distinta a la de Dib Ashur, aunque pertenece a la primera generación de un romerismo que enalteció a la condición de valor la prescindencia de razonamientos ideológicos en la administración del Estado. Hay otra diferencia entre ellos: mientras los funcionarios de Urtubey descubren su orfandad de urtubeicismo, Camacho es la confirmación de que el romerismo existió y persiste. Habita desde hace años la “mini carpa” de un Juan Carlos Romero que siempre contó con dirigentes dispuestos a reivindicar sus gobiernos y a trabajar en su nombre de cara al futuro. Camacho es uno de ellos: fue Coordinador General del ministerio de la Producción durante las gestiones de Napoleón Gambetta y Manuel Brizuela para luego asumir como ministro del área del hasta el 2007; durante los primeros años de Urtubey se abocó a emprendimientos privados, ocupación que complementó desde el 2009 como asesor del propio Romero en el senado de la nación. Eso no es todo: participó de todas las campañas electorales que involucraron a su jefe e hizo lo propio en las elecciones que consagraron intendenta a Bettina Romero. Quienes lo quieren poco aseguran que el nuevo ministro de Sáenz es de esos operadores económicos – financieros vinculados a la administración de la cosa pública.

Con un perfil similar, aparecen Mario Peña en el ministerio de Turismo y Deportes y Martín de los Ríos en el de Producción y Desarrollo Sustentable. Son muchos los que susurran que el pergamino del primero se reduce a ser el hijo del periodista propietario de FM Aries, actividad que complementa con grandes emprendimientos turísticos. La condición de “hijo de…” no impide clasificar al nuevo ministro en la dimensión de nuevos ricos que se incorporan al Estado en áreas que deben abocarse a generar divisas para el fisco e ingresos para los empresarios del rubro.

 

Distinta es la situación de Martín de los Ríos quien, pudiendo presumir de linaje patricio, es de aquellos que vieron cómo “sus mayores” dilapidaron patrimonio. Mientras buscaba recuperar terreno en la actividad privada, Martín de los Ríos accedió a una banca en la legislatura en el año 2015. Ello y su reelección en noviembre pasado deslizó a algunos medios a asociarlo con el ámbito político. Habría que relativizarlo. De los Ríos es un emergente del predicamento macrista de ofertar para la administración pública a profesionales supuestamente exitosos en el ámbito privado. Es cierto que el “hombre del poncho” es hábil mediáticamente y sorteó dos elecciones de manera exitosa, pero no es menos cierto que, como buen macrista, está atravesado por una fantasía: creer que la racionalidad de la empresa aplicada a la política garantiza redención social que en provincias como las nuestras siempre se asocia al avance de la frontera agropecuaria.

Otro predicamento fuerte de estos tiempos, es la necesidad de sumar a especialistas. Es el caso de una de las caras nuevas del gabinete y que asumirá como ministra de Salud: Josefina Medrano. Miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría ha realizado cursos en el país y en universidades del exterior como Harvard. Su perfil técnico le permitió trabajar en gobiernos de signos políticos distintos: comenzó en el sector público en 2006 (Romero) como asesora técnica del Área Materno Infantil del Ministerio que hoy la tiene al frente (Urtubey); ese mismo año comenzó a desempeñarse como responsable del Área Técnica del Plan Nacer, dependiente de Salud de la Nación (Néstor Kirchner); entre 2013 y 2015 trabajó en el Programa Sumar, un proyecto para las Naciones Unidas del Ministerio de Salud de la Nación (Cristina Kirchner), actualmente se desempeña como Coordinadora Ejecutiva Local del PAMI (Macri). Su curriculum es frondoso: experiencia en la elaboración de información sanitaria, prestacional y epidemiológica provincial y ha trabajado en centros de salud de la provincia, en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y en diferentes establecimientos privado como el Hospital Tres Cerritos, el Hospital Santa Clara de Asís, OSDE, OSECAC, OMINT y otros.

La administración de los valores

Si a los mencionados parece corresponderles la administración de la política y el curso de la economía, queda por analizar en quiénes recaerá la administración de las creencias y los valores que históricamente los gobiernos locales asocian con la salteñidad. Todos conocemos de qué se trata: valores irradiados por las usinas eclesiásticas y patricias que van al encuentro del salteño transfiriendo un pretérito bagaje cultural que por lo general reivindican a un dios omnipresente, un tipo de fe que suele abortar las preguntas y en donde la cerrazón ante lo “extraño” devino en deber de cruzados que prefieren morir calcinados antes de ver cómo lo “ajeno” degenera lo salteño. Para ese tipo de salteñidad, la educación y la justicia siempre resultaron espacios estratégicos. La primera por constituir un canal desde el cual difundir valores y hasta creencias especificas; la segunda, por ser el dique de contención legal contra todas las leyes que representen creencias, valores y prácticas que puedan amenazar el monopolio oficial del catolicismo católico.

El tesón con que el diputado electo Matías Cánepa reclamó el Ministerio de Educación, confirma las profecías de algunos laicicistas dispuestos a resistir que la escuela devenga en canal por el que se difunden los mandatos de la tradición. Entre estos hay incluso quienes vinculan al futuro ministro con prelaturas que practican un catolicismo arcaico, mientras aseguran que la genealogía del vínculo se remonta al integrismo católico que practicaban sus padres. Sobre el hombre o mujer que vaya a asumir en la Secretaría de Justicia, nada se sabe aún. No sería de extrañar, sin embargo, que alguien de apellido patricio y formación decididamente católica sea el elegido. Habrá que esperar.

 

Lo que sí sorprendió aun a quienes están acostumbrados al conservadurismo salteño, fue la designación como ministro de Seguridad del militar retirado Juan Manuel Pulleiro. No vamos a detenernos demasiado en los antecedentes del militar. Una extensa nota le dedicamos en este medio a sus falaces interpretaciones históricas (ver http://www.cuarto.com.ar/juan-manuel-pulleiro-sea-o-no-ministro-de-seguridad-las-falacias-del-ex-militar-son-desmentidas-por-la-historia/). Sí conviene resaltar aquí que el nombramiento quiebra la costumbre inaugurada desde el retorno de la democracia de poner al frente de las fuerzas de seguridad a un civil, costumbre que habría convenido mantener en tiempos donde los sables reaparecen en varios puntos de la región. Que ese militar haya comparado además al “Operativo Independencia” (con el que la dictadura de 1976 comienza a perfeccionar el plan sistemático de secuestros, torturaras, asesinatos y desapariciones) con la gesta emancipadora de San Martín, Belgrano y Güemes combina lo estrafalario con lo peligroso. Lo uno y lo otro despierta una alerta popularizada por la entrañable Mafalda: cuando las ideas son cortas, los bastones suelen ser largos.

Poco puede decir quien escribe sobre los antecedentes de quien será ministra de Desarrollo Humano, Verónica Figueroa, salvo aquello que circula en los medios: presidenta de la Fundación “Por nuestros niños” y subsecretaria de Desarrollo Social de la propia municipalidad.

Bonus track: Matías Posadas

Durante años, Matías Posadas se caracterizó por el desenfreno verbal para defender las políticas de Urtubey. Sin embargo, fue el primero de los urtubeicistas en enaltecer las cualidades de Gustavo Sáenz. El proceso se inició cuando el gobernador electo se puso al hombro la campaña de Guillermo Durand Cornejo en las legislativas del 2017 y protagonizó una remontada asombrosa que dejó al “Chico malo” Valenzuela sin una banca en el senado provincial que dos meses antes parecía atada. Desde entonces, lo que fue un coqueteo devino en noviazgo político que incluyó precandidaturas a intendente y ahora la confirmación en el cargo de secretario General de la Gobernación.

La nominación sorprendió a quienes aseguran que ese tipo de cargos suelen estar atados a figuras vinculadas a estudios jurídicos y carreras judiciales. El ejemplo del funcionario que hoy se desempeña como tal sirve: Ramiro Simón Padros asumió en la Secretaría de la Gobernación en el 2013, hasta entonces se había desempeñado como Fiscal de Estado (2011 – 2013), previamente había sido Secretario Legal y Técnico (2007 – 2011) y su andar se remonta hasta el romerismo en áreas parecidas. Quienes saben, dicen que un perfil de este tipo tiene sentido por la naturaleza de la función: encontrar los argumentos jurídicos para respaldar las decisiones políticas del Gobierno.

Se trata de un recorrido que Posadas no transitó por su clara inclinación a la dimensión política – electoral que se profundizó en el año 2011 cuando accedió a una banca en la legislatura provincial. Algo de razón tienen quienes así piensan, aunque olvidan que hasta noviembre del 2011 Posadas tuvo una carrera con puntos de contactos con funcionarios de ese tipo: abogados, funcionario de la secretaria de la Gobernación entre el 2007 y el 2011 y un Master en Derecho Administrativo en la meca a la que concurrieron todos los técnicos jurídicos de la administración Urtubey: la Universidad Austral, la casa de estudios que surgida con el menemismo fue fundada por la fanática y elitista prelatura del Opus Dei. La relación está lejos de ser un secreto. La web de la institución indica que los valores de esa universidad “se desprenden de la visión cristiana de la cultura y del mundo (…) Para asegurar esta orientación, la Prelatura del Opus Dei brinda su asistencia a la Universidad. La comunidad educativa (…) promueve, comparte, o al menos respeta, los valores propios del que hacer educativo que responde a su misión”. Para ello, precisa la web, el Opus Dei nombra capellanes que ofrecen atención espiritual; presta conformidad al nombramiento de los profesores que tengan relación con la doctrina católica; o procura que el espíritu del Opus Dei aliente la vida universitaria fomentando el amor a la Iglesia y al Papa.