Se trata de Rosa Díaz, hermana de la concejal tartagalense imputada por lo mismo.
El Jefe de los Fiscales salteños, Abel Cornejo, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta, contra la defensora oficial Civil del Distrito Judicial Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, “por la presunta comisión de delitos, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. En la misma presentación, Cornejo solicitó que se abra el proceso de remoción”, enfatizó el sitio de los fiscales penales de la provincia en el día de hoy.
De acuerdo a las actuaciones, Díaz incurrió en un claro incumplimiento de los deberes a su cargo, comisión de presuntos delitos dolosos y un evidente mal desempeño en su rol de funcionaria pública, considerando entre otras inconductas, la gravedad de los hechos que dieron origen a la investigación penal, el sector de extrema vulnerabilidad involucrado en el destino de los bienes retenidos y el transcurso del tiempo.
El caso fue relatado en detalle por distintos medios de comunicación ente el jueves y el viernes pasado, cuando Sandra Liliana Díaz denunció a sus hermanas: la edil tartagalense Paola Díaz y a Rosa Fabiola Díaz, quien se desempeñaba como Defensora oficial, por tener acopiadas las donaciones de distintas fundaciones y organizaciones intermedias, durante todo 2020 y hasta la actualidad. “Lo retenido en Tartagal, no fue entregado sus destinatarios y en cambio, habría sido comercializado por ambas. Las supuestas donaciones fueron presuntamente realizadas por las Fundaciones Noble, River Plate, Marinaro, entre otras y consistieron en bienes tales como pañales, zapatillas, indumentarias, agua mineral, alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene personal, cuyas beneficiarias serían las comunidades aborígenes de la zona”, se recordó en el sitio de la procuración.
En el parte oficial, se destacó que las actuaciones se realizan sin que todo ello implique emitir un juicio de mérito sobre los delitos atribuidos a la magistrada. No obstante, “el Procurador consideró necesaria e indispensable la apertura del procedimiento, para dilucidar la responsabilidad de la presunta conducta reprochable de la defensora oficial. Es que dicha conducta no fue la requerida por la Constitución Provincial en su Art. 166, requisito ineludible para la conservación del cargo, porque ejerció sus prerrogativas funcionales de manera irregular e incurrió en conductas pasibles de reproche penal”.
En su presentación, el procurador Abel Cornejo citó lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que oportunamente sostuvo que “la remoción por mal desempeño procede cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de la función. Hay dos tipos de causales de destitución que deben diferenciarse: por un lado, las vinculadas al mal desempeño o mala conducta; y por otro, la comisión de delitos, ya sea en el ejercicio de funciones o se trate de crímenes comunes”.
