El jueves comenzó a regir en el país europeo la modificación del código penal que castiga la intimidación de los antiderechos a quienes concurren a los centros sanitarios para acceder a la práctica. Las penas incluyen prisión y trabajos comunitarios.
El activismo antiderechos del ex diputado provincial asume características peligrosas. Hace un par de semanas decidió escrachar a una profesional del Hospital Materno Infantil con mensajes en las redes sociales que buscaban claramente generar hostigamiento y hasta violencia contra la médica cuando escribió: “Vamos conociendo el rostro de los sicarios que realizan abortos en Salta”, mensaje al que Andrés Suriani adjuntó nombre, apellido y foto de la profesional.
Tal conducta sería motivo de penas concretas en España, pues allí comenzó a regir una nueva ley que busca garantizar «la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral», al mismo tiempo que los «derechos sexuales y reproductivos».
La norma establece que quienes «para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» acosen a una mujer «mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad» serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a entre 31 y 80 días de trabajos comunitarios.
El castigo también es aplicable a quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios que intervienen en procedimientos de IVE. La ley fue aprobada a principios de abril, luego de que el Senado avalara el proyecto tal como había sido sancionado por la Cámara de Diputados española.
