La primera fue colocada el 4 de febrero. El funcionario que eligió al personal inoculado fue imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se abstuvo de declarar.
Quien realizó la imputación fue la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el imputado, mientras tanto, es el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Dilmar Villagrán quien se abstuvo de declarar y realizará su declaración por escrito.
Según la fiscal, Villagrán, en su condición de Jefe del Departamento y abusando de sus facultades solicitó al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública 50 vacunas (SPUTNIK-V) que fueron distribuidas el 4 de febrero último -según el criterio de Villagrán- entre el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). “Los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna, el cual fue establecido por el Ministerio de Salud Pública Nacional y Provincial y conocido a través de los medios de difusión”, dice el parte difundido por el sitio de los Fiscales Penales de Salta.
Es cierto, CUARTO pudo corroborar que la primera dosis de la vacuna rusa entre los trabajadores del CIF se efectivizo el 4 de febrero pasado en el Centro de Convenciones de Limache; y que -siguiendo los lineamientos de otras provincias con personas vacunadas sin ser personal esencial- en el día de ayer recibieron la segunda.
Volviendo a la imputación contra Villagrán, la fiscal Salinas consideró que el funcionario efectuó un uso arbitrario de las facultades, ocasionando perjuicio a la Salud Pública, atento a que dichas vacunas eran destinadas a personas de “primera línea” (emergencia, laboratorio y terapia). De esa manera, dice la imputación, Villagran obró en forma ilegal según en el artículo 248 del Código Penal, referido al Abuso de Autoridad.
También sostiene la fiscal que Villagrán realizó la gestión de adjudicación de vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19 ante el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta, por sus propios medios y sin poner en conocimiento a sus superiores, -la Directora del CIF y el Procurador General-, sobre la gestión realizada, la adquisición, el destino y la distribución de las vacunas. Tampoco informó a la Jefa del Servicio Médico del Ministerio Público, quien es la persona idónea para determinar quién es el personal de riesgo para COVID-19 que se encuentra en primera línea prestando Servicios de Salud y por lo tanto, a quién le corresponde la aplicación de dicha vacuna.
