En un documento titulado “Prejuicios discriminatorios hacia la población migrante en tiempos de COVID-19”, el organismo nacional cuestionó el lenguaje del gobernador salteño.

En este sentido, el Área Migrantes y Refugiados/as del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresa su preocupación por los dichos recientes del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, quien afirmó: «Esta pandemia nos sirve para controlar, pero por sobre todas las cosas para contener y para priorizar a los argentinos… La caridad bien entendida empieza por casa”, resaltaron.

Municipalidad de Salta

En ese punto, recuerdan los dichos del mandatario salteño cuando pidió aumentar controles en la frontera contra extranjeros que ingresan a cobrar el IFE (10 de agosto pasado). “Como funcionario, Sáenz debe asumir la responsabilidad de conocer y respetar las leyes vigentes: Ley 23.592 (de Actos Discriminatorios), Ley 25.871 (de Migraciones) y el Decreto N.o 1086/05 (Plan Nacional contra la Discriminación), normativa que reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley 25.871, que expresa: “Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina”, advierte el documento.

El INADI marca que las declaraciones de Sáenz y sus expresiones xenófobas fueron reproducidas en varios medios de comunicación y posteadas por el mismo Sáenz en sus redes sociales, lo cual les dio mayor alcance y vuelve más preocupante la situación planteada; aunque también aseguran que los datos que difundió el mandatario son inexactos. “Respecto de que hay personas que vienen ‘desde Bolivia a cobrar el IFE’, es imperioso señalar que carece de veracidad, ya que el requisito número uno para acceder al beneficio del subsidio es el de ser argentino o naturalizado y, en el caso de tener una residencia legal, que la misma no sea inferior a los 2 años”, dice el documento para luego añadir que “este punto constituye uno de los objetos de reclamo de las organizaciones de migrantes en Argentina, dado que en ocasiones la falta de documentación que acredite la residencia de más de dos años en el país se origina a partir de una extensión en los plazos burocráticos establecidos durante la gestión del gobierno anterior”.

Eso no es todo. El INADI asegura que el mandatario salteño olvida que la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, puso en marcha –dando respuesta a las necesidades de la población en tránsito– un Plan de Reapertura Gradual, Planificada y Segura para repatriar argentinos/as, y habilitó 5 pasos fronterizos terrestres entre las 8 y las 16 horas, permitiendo el ingreso por día y por paso de hasta 500 personas. Entre estos pasos fronterizos, se encuentra el de Salvador Mazza/Yacuiba (Estado Plurinacional de Bolivia), zona a la cual hace referencia el gobernador.

La migración fronteriza corresponde a flujos de trabajadores/as migrantes que conservan su residencia habitual en un Estado vecino, regresando cada día o al menos una vez por semana. Es el tipo de migración de los/as trabajadores/as bolivianos/ as que cruzan la frontera para trabajar o comprar alimentos o mercaderías que luego venderán. Siendo personas que se movilizaron históricamente de este modo, el bloqueo de las fronteras les impide resolver sus necesidades básicas, lo cual las deja en una situación de urgencia por cruzar el río Bermejo para poder sustentarse. Esta situación debe poner en alerta a los/as funcionarios/as de ambos países para desarrollar un trabajo conjunto que permita dar contención a esta población.