Lo aseguró la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. No obstante, la organización advirtió que se viven “tiempos de conservadurismo político” y de ataques a las comunidades trans en el mundo.
La Asociación publica la tercera edición del Informe de Mapeo Legal Trans, que detalla el impacto de las leyes y políticas públicas sobre las personas trans en 143 Estados miembros de la ONU en distintas partes del mundo. La federación nuclea a más de 1.600 organizaciones presente en más de 160 países y territorios que desde 1978 promueven los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.
“Al menos 13 Estados miembros de la ONU en el mundo criminalizan explícitamente a las personas trans, pero sabemos que una amplia gama de normas es utilizada para perseguirlas en muchos más países”, aseguró Zhan Chiam, coordinador y coautor del informe. Estos países son: Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga y Emiratos Árabes Unidos.
No obstante, el informe celebra que otros Estados han avanzado hacia el reconocimiento legal de género a través de un proceso de autodeterminación. El informe destaca que desde 2018 se sumaron nueve Estados Miembros de las Naciones Unidas a la lista de países que permiten a las personas acceder al derecho a cambiar su nombre y su marcador de género sin requisitos abusivos: en al menos 96 Estados miembros de la ONU se permite el reconocimiento legal de la identidad género, y en 25 se permiten sin requisitos prohibitivos.
“En este tema Argentina está entre los países más avanzados del mundo: no solo permite el cambio de nombre e indicador de sexo sin requerimientos quirúrgicos, sino que también reconoció dos opciones más además de ‘masculino’ o ‘femenino’ (…) Argentina también está citada en el informe como país en el que ‘se usan estrategias legales creativas para proteger los derechos de las personas trans, o para reformar leyes que son usadas con frecuencia para criminalizarlas’. Y se da el ejemplo: En 2018 un grupo de mujeres trans fueron acusadas de vender drogas. El fiscal solicitó que el caso fuera desestimado teniendo en cuenta la vulnerabilidad estructural de la vida de las mujeres”, resumió el diario Clarín en su edición de hoy a partir del informe.
Como negativo, recuerda que el Código Penal Argentino castiga las exhibiciones obscenas, que muchas veces se usa para detener personas, y que en 18 de las 24 provincias de Argentina aún se criminaliza con multas o arresto de hasta 30 días la oferta de servicios sexuales en la calle. “Las normas relativas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, se utilizan activamente con el mismo propósito. La persecución sistemática de personas trans mediante el uso de leyes aparentemente neutrales es igual de dañina que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género, como es el caso de las normas que regulan el “cross-dressing”, redactó Chiam en el informe.
Retomando el aspecto global de la situación, el informe destaca que a pesar de los avances como los mencionados, se viven retrocesos considerables. “En todas las regiones del mundo donde hemos dado seguimiento a los procesos de reconocimiento legal de género, se han producido regresiones, frecuentemente en línea con los discursos sobre la mal llamada “ideología de género”, el surgimiento de movimientos excluyentes y de derecha que acusan a la comunidad LGBT de atentar contra las identidades nacionales», aseguró Chiam.
“Transcurrimos un momento difícil para las personas trans a nivel global, lo cual se refleja tanto en la regresión como en el estancamiento de los derechos relacionados al reconocimiento de género en todos los continentes”, explica Jabulani Pereira, presidente del Comité Trans de ILGA Mundo.
