La organización ambientalista Greenpeace volvió a posar sus ojos en Salta. Denunció que hasta el momento se exigía la realización de audiencias públicas y que ahora el único requisito es la consulta “virtual” a comunidades Criollas e Indígenas.
La ONG ambientalista hizo foco en la publicación de la nueva resolución de la secretaría de Ambiente salteña a través de la cual se permite prescindir de la realización de audiencias públicas y de una evaluación de Impacto Ambiental para llevar adelante los desmontes. Greenpeace denunció que, hasta el momento, se exigía la realización de audiencias públicas y que ahora el único requisito es la consulta a comunidades Criollas e Indígenas.
A raíz de la pandemia, se dictó en el mes de septiembre la resolución 123/20 para realizar las audiencias utilizando medios digitales. Comunidades originarias y criollos carecen de las herramientas necesarias para participar, por lo que quedan excluidos de cualquier debate. Las comunidades wichis, que ya tenían problemas para participar de las audiencias presenciales realizadas a más de 100 kilómetros de sus hogares, ahora directamente no pueden participar.
Por este motivo, Greenpeace envió una carta al Gobernador Sáenz y a Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para manifestar su profunda preocupación por la nueva resolución. «Las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorios y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675 (la ley de bosques y la ley general del ambiente)», explica la organización internacional en la carta dirigida a ambos funcionarios.
La carta lleva la firma de Hernán Giardini, Coordinador Campaña de Bosques de Greenpeace. En la misiva también se denuncia que durante la pandemia en Salta se desmontaron 12 mil hectáreas.
