Se trata de María Esther Valdiviezo, presidenta del Concejo Deliberante de Salvador Mazza. En el año 2020 ingresó sus datos en la web del ANSES para cobrar el beneficio destinado a quienes carecían de ingresos durante la pandemia.
Valdiviezo estará al frente de la intendencia de Salvador Mazza hasta que el gobierno designe un interventor, algo que deberá ocurrir luego de que la Cámara de Diputados le otorgue la media sanción que falta al proyecto que el senado aprobara ayer para intervenir el municipio.
La celeridad del senado es acorde al escándalo que provocó el allanamiento al domicilio del jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez, a quien le incautaron 854.178 dólares, 9.070 euros, 34 millones de pesos, dos automóviles BMW y dos camionetas Ford Raptor. Casi de inmediato el jefe comunal pidió licencia y el Concejo Deliberante se la concedió. Ante ello, la intendencia interina fue asumida por la presidenta del cuerpo: María Esther Valdiviezo.
Un breve repaso por Google asocia el nombre a la lista de funcionarios imputados por la justicia por querer cobrar indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el gobierno nacional destinó a desocupados durante la pandemia. A fines de septiembre, Valdiviezo volvió a ser parte de las noticias al estar incluida entre las sobreseídas en la causa.
No obstante, se aclaraba que Validiviezo formaba parte de un grupo de ediles salteños que ingresaron sus datos a la web del organismo “con la intención real del percibir el IFE, cuando sabían que tal beneficio no les correspondía”. Por esto el fiscal federal Ricardo Toranzos los imputo por tentativa de defraudación a la administración pública. En su momento, el juez Federal de Garantías – Julio Bavio – dispuso el sobreseimiento de los imputados, medida que luego fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Ante ello, los defensores de los imputados impugnaron la medida. Quienes cerraron el litigio fueron los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones que termino por sobreseer a los imputados. El argumento no fue que se carecieran de pruebas, sino el desinterés del ANSES por denunciar lo ocurrido y constituirse como querellante.
La flamante intendenta interina de Salvador Mazza podrá defenderse diciendo que una cosa es haber querido cobrar el IFE (10 mil pesos mensuales durante el 2020) y otra muy distinta es tener en la casa 854.178 dólares, 9.070 euros y 34 millones de pesos como fue el caso de Rubén Méndez. También podrá decir que no fue la única concejal de Salvador Mazza que quiso cobrar el IFE. Lo mismo hicieron los ediles Raúl Arroyo y Claudia Subelza.
