Lo dijo el periodista en su columna de los días viernes en Cuarto Oscuro (FM La Cuerda (104.5). Jueces de corte que violan la constitución, ministros que los justifican y funcionarios que no pueden aportar soluciones al reclamo indígena. 

“De Salta y su política hay muy poco para decir. Y nada de lo que se diga es bueno. El gobernador Gustavo Sáenz decretó una nueva prórroga de la Emergencia Económica y Administrativa de Salta declarada en 1990. Eso solo ya es desolador: hace 30 años la provincia está en Emergencia Económica”, dijo a modo de introducción el periodista en el programa radial.

Municipalidad de Salta
Gonzalo Teruel.

No obstante, Teruel remarcó que la emergencia no es sólo económica sino también política. “El propio gobernador Sáenz tuvo que poner la cara y parlamentar con una caravana de miembros de las comunidades originarias que marchan hacia la Capital para pedir el respeto de los más elementales derechos humanos. Ningún funcionario pudo anticiparse, pudo ofrecer un diálogo creíble y, muchísimo menos, anunciar alguna solución a los inhumanos problemas que sufren las comunidades del norte salteño. Mucho peor aún, después de la intervención de Sáenz, igual fue un desmadre la organización de la mesa de diálogo con las comunidades originarias”, explicó.

Pasando a otro punto, el periodista recordó otro hecho lamentablemente en términos institucionales: el del juez de Corte Horacio Aguilar. “Abogado personal de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, creó la empresa Los Viñaco SAS cuando ya tenía su pliego de designación como miembro de la Corte de Justicia en avanzado proceso”, destacó el periodista para luego detallar ese recorrido: 18 febrero: inicio del proceso de Designación; 16 abril: ingreso pliego al Senado; 28 mayo: creación Los Viñaco SAS; 11 junio: aprobación pliego en el Senado; 12 junio: designación del Gobernador; 16 junio: juramento de Aguilar.

En ese marco recordó lo que todos denuncian, “la actividad judicial es, por expresa prohibición del artículo 155 de la Constitución Provincial, incompatible con cualquier ‘actividad con fines de lucro, salvo la docencia’. Más sencillo: uno de los magistrados de la Corte de Justicia, Horacio Aguilar, violó y viola de manera evidente la Constitución de manera evidente. Varios de sus pares también lo hacen. Y peor aún, el ministro de Justicia, Ricardo Villada, lo defendió y dijo que ´si alguien cree que hay incompatibilidad, deberá activar resortes correspondientes y tomar las medidas que corresponden´. Él, que firmó junto al gobernador el pliego del juez, está obligado a hacer la denuncia porque es funcionario público. Judicialmente, económicamente, políticamente, socialmente Salta es una aldea africana. Salta es África. Eso es desolador”, lamentó.