Lo expresaron en una solicitada. Es por la cautelar que CABA presentó a la Corte Suprema por un recorte a la coparticipación. Los mandatarios le recordaron a Larreta que Macri le triplicó injustamente los ingresos en el 2016.

En la solicitada aparecida ayer en todos los diarios nacionales, los gobernadores alineados con el Gobierno recordaron lo «improcedente» del decreto por el que, en 2016, Mauricio Macri triplicó los recursos nacionales que le transfería a la Capital, supuestamente para financiar los gastos del traspaso de la policía. «Ninguna provincia judicializó esta decisión arbitraria que benefició de manera injusta al distrito con más recursos del país», remarcaron los gobernadores.

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Hay que recordar que, como respuesta a la protesta de la Policía Bonaerense de septiembre pasado, el presidente Fernández decidió reducir los fondos para la CABA, de acuerdo a un cálculo elaborado por el Ministerio del Interior acerca de cuánto costaba mantener la policía porteña. En vez de un porcentaje de coparticipación pasaron a ser 24.500 millones de pesos que se irán actualizando mediante una fórmula. Con el resto creó un Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en el Conurbano.

Dado que busca posicionarse como el candidato presidencial de la oposición, Rodríguez Larreta no podía dejar pasar el recorte sin reaccionar y acudió en protesta a la Corte Suprema. “Con la solicitada, los gobernadores buscaron mostrarle al Tribunal que no se trata de un problema de coparticipación sino de reparto de los fondos nacionales. Por eso, según lo marca la Constitución, debe discutirse en el Congreso y no en la Justicia. Por su parte, en el gobierno porteño buscaban quitarle trascendencia al documento dado que estos mismos gobernadores ya habían mostrado anteriormente cuál era su posición. Y destacaban que las tres administraciones radicales y, en especial, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no habían sumado su firma”, destaco Página 12 en su edición de hoy.

Un elemento adicional a la discusión es que Interior viene discutiendo un nuevo Consenso Fiscal que apunta a cambiar la dirección del firmado durante el macrismo, que establecía una reducción progresiva de impuestos y terminó desfinanciando a las provincias. Con altos endeudamientos y la emergencia generada por la pandemia, a las gobernaciones les urge conseguir recursos. El punto de conflicto para la firma del Consenso Fiscal con la administración porteña es una cláusula que obliga a desistir de los procesos judiciales previos.