Agrupados bajo el nombre Rosario Unidos apuntan contra Gustavo Solís y su gestión durante los últimos cinco años frente al municipio.
En una entrevista por FM Profesional, representantes del grupo de vecinos Rosario Unidos reafiraron la denuncia contra el intendente Gustavo Solís por corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
“Nosotros sabemos cómo entró a la intendencia y cómo está ahora”, manifestó Rafael Marcelo Suarez, uno de los vecinos que además aclaró que no se agrupan bajo el ala de ningún partido político y sólo reclaman como habitantes de Rosario de la Frontera. La denuncia no es solo mediática, sino también tendría un aval judicial.
Recordemos que sobre Solís ya pesa una imputación que tuvo lugar en diciembre de 2020. La misma apunta a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.
Los delitos
En un informe de la Auditoria General de la Provincia, que daba cuenta de una auditoria financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el periodo 2017, surgieron irregularidades que luego fueron investigadas.
En relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público señalaba entonces que Solís “desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas, al llevar a cabo la contratación con Mirta Verónica Corimayo”. Además el intendente aceptó facturas duplicadas, por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas.
También se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa de marras.
Solís Mónico también incurrió nuevamente en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777,50.
El jefe comunal, además, celebró contratos con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados por un monto de $22.608.759.03, según el informe del Banco Central de la República Argentina.
