El protocolo se enmarca en el Decreto 91/2023 publicado en el Boletín Oficial y fue elaborado por el Ministerio de Seguridad por instrucciones del gobernador Gustavo Sáenz.
Según la letra del decreto, el protocolo tiene por objetivo “arbitrar los mecanismos para garantizar la paz social, la defensa de los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier otra vía pública de tránsito. También promueve la eficiente resolución de reclamos y/o conflictos sociales”.
Según el comunicado del Grand Bourg, la medida responde a los perjuicios que ocasionan “a la comunidad, la producción y las economías locales” los cortes de ruta. “Ante la situación se abordó previamente la problemática con la Justicia Federal y Provincial para que de manera conjunta se trabaje en garantizar los derechos constitucionales promoviendo el diálogo, la intervención oportuna de los organismos competentes y la realización en forma pacífica de los reclamos sociales, a fin de evitar el uso de la fuerza pública, la que representa la última instancia de actuación, según lo indica el protocolo vigente” resaltaron.
El decreto señala que el “Estado debe garantizar el goce de los derechos de la persona humana, adoptando medidas positivas tendientes a asegurar el orden público, la seguridad jurídica y el bienestar general de todos sus habitantes. Por ello, ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos se debe adoptar las vías o acciones para lograr su inmediato restablecimiento, a los fines de garantizar el ejercicio razonable de los derechos que se invocan. En tal escenario resulta procedente establecer un Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas, a fin de optimizar los esfuerzos provinciales tendientes a alcanzar una solución, evitando que las manifestaciones públicas generen situaciones de conflicto”.
