Fue la respuesta del ministro ante los cuestionamientos al decreto impugnado por sectores nacionales y provinciales. No dijo que la transmutación del decreto en ley precisó que la Legislatura dejara vencer el plazo de tratamiento del DNU.
El Ministro de Gobierno de Salta encabezó hoy la conferencia de prensa en donde se informó de la situación epidemiológica en la provincia. Al terminar su alocución, hubo tiempo para las preguntas de periodistas. Una de ellas se relacionó con los cuestionamientos de organismos provinciales y nacionales al DNU 255 emitido por el gobernador Sáenz para poner en manos de la Policía la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena a los supuestos infractores de la cuarentena.
“Se trata de una norma que se dictó en el marco de la emergencia sanitaria y acatando el decreto presidencial que pedía que las provincias instrumenten la herramienta para garantizar el aislamiento. Ahora se convirtió en ley, por lo tanto cuenta con consenso. Me comuniqué con María Laura Leguizamón que integra el comité nacional de prevención contra la tortura y le he puesto de manifiesto que tenemos la disposición para adoptar todas las medidas que sean necesarias. Entendemos que estamos en un Estado republicano”, declaró Villada sin ponerse colorado al desenfundar la falacia que, como todas, es una engañosa forma de razonar para pasar como cierto lo que en realidad es una mentira.
Villada omitió decir que el decreto se convirtió en ley tras noventa días sin tratamiento legislativo. Más que consenso hubo complicidad de la legislatura que no hizo nada para evitar o reducir los alcances del decreto que fue condenado por los organismos de Derechos Humanos a mediados de abril (Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, H.I.J.O.S. Salta, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos) cuando presentaron un amparo contra el mismo en la Corte de Justicia de Salta.
A ese recurso le siguieron las impugnaciones de la UCR – Salta; el FOCIS (Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta); el INADI nacional y provincial; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; partidos políticos como Unidad Popular; y hasta de legisladores como Santiago Godoy que presentaron proyecto de ley para modificar la situación, aunque el mismo no fue tratado.