El presidente argentino, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, analizan la suspensión de la Ley de Alquileres debido a la escasa oferta, alta demanda y precios desmesurados para los inquilinos. La ley, que entró en vigencia en julio de 2020, fijó nuevas reglas para el mercado de alquileres, pero ha recibido fuertes críticas del sector inmobiliario y los propietarios.
Después de la reunión con Joe Biden en Washington y el acuerdo con el FMI para reducir este año las metas de acumulación de reservas, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, comenzaron a analizar la suspensión de la actual Ley de Alquileres. Así lo conversaron en la reunión que mantuvieron a comienzos de esta semana en la Casa Rosada, donde también evaluaron alternativas para reemplazar esta iniciativa.
La Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2020, durante la gestión de Mauricio Macri, y finalmente sancionada por el Senado en junio de 2020, ya con Alberto Fernández en el poder. La ley fijó nuevas reglas, como tres años de contrato y una sola actualización anual del valor mensual del alquiler, de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y el dato inflacionario.
Desde que entró en vigencia, la norma recibió fuertes críticas del sector inmobiliario y los propietarios, quienes argumentan que generó incertidumbre e inseguridad jurídica en el mercado, lo que se trasladó al precio del alquiler. Según el análisis del sector, la oferta se encuentra en mínimos históricos y continúa cayendo, lo que ha llevado a precios desmesurados para los inquilinos.
El costo del alquiler en el país ha aumentado un 245% desde la sanción de la nueva ley de alquileres, que entró en vigencia el 1° de julio de 2020. Un contrato que se cerraba por un valor de $20.000 ese mes, hoy se transformó en uno de $69.000.
Hasta ahora, se han presentado unos 30 proyectos en el Congreso para modificar o derogar esta iniciativa. En mayo de 2022, se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual.
