viernes 29 de marzo de 2024
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Reproducción Asistida en tiempos de COVID-19 | “Siguen vigentes todos los derechos al acceso a este tipo de técnicas”

Lo aseguró Laura Postiglione. La abogada recordó que en caso de que las obras sociales obstaculicen el acceso al tratamiento, debe recurrirse a la Justicia para garantizar un derecho prescripto por ley.

En su habitual columna de los días jueves en el programa Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104,5), la abogada desarrolló aspectos de la ley que garantiza el Tratamiento de Reproducción Medicamente Asistida en tiempos de pandemia. Para tratar de evacuarlas, Postiglione comenzó recordando que ese derecho se encuentra contemplado por la ley nacional – 26.862 – del año 2013.

“La misma otorga el derecho a toda persona mayor de 18 años a poder iniciar un Tratamiento de Reproducción Medicamente Asistida. Esto se puede hacer en cualquier servicio de salud pública en caso de que la que persona carezca de obra social, y también la ley estipula que están obligados a cubrirlo las obras sociales y entidades de medicina prepagas. Para iniciar el tratamiento lo que se requiere es el consentimiento informado y lo resalto porque no hay requisitos vinculados a si la persona debe ser soltera, casada o estar en pareja”, enfatizó.

Postiglione resaltó también que la situación de emergencia sanitaria que se vive, no inhabilita a cumplir con la ley. “Si se ha recomendado que se realicen los tratamientos que se entienden como más urgentes, sea por razones de edad o situación de salud. De todos modos, en Salta no rige un aislamiento obligatorio como ocurre en otros distritos, con lo cual – en teoría – esto no afectaría a los procesos que se estén iniciando o realizando en la provincia. En Salta donde rige el ´distanciamiento social´ siguen vigentes todos los derechos al acceso a este tipo de técnicas”.

Con respecto a las recurrentes denuncias de ciudadanos contras obras sociales y clínicas privadas que encuentran algún artilugio para obstaculizar el acceso al tratamiento, la abogada destaco que las “obras sociales son muy reacias a realizarlas por una cuestión de costos, pero se trata de una ley y por lo tanto los que ven afectado su derecho deben acudir a la justicia a través de un amparo para lograr la consecución de su derecho”, finalizó.

Laura Postiglione (contactos):

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