Son unos 15 profesionales. Provistos de un protocolo nacional, insumos y un firme compromiso, garantizaron el derecho en un escenario hostil en tiempos de pandemia. En el último año las consultas rondan entre las 8 y 10 semanales.
No es fácil en provincias como la nuestra garantizar derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Variables de tipo religiosas y culturales impregnan las políticas públicas y se combinan con magros presupuestos que dificultan aspectos que en otros lugares resultan menos complicados. A ello se le sumó en estos meses una pandemia que por un lado monopolizó el interés de los gobiernos y de la opinión pública; y por otro provocó un aislamiento obligatorio que dificultó la atención de los casos.
De allí que deba destacarse el enorme esfuerzo de unos 15 profesionales cuyo trabajo posibilitó una mayor accesibilidad al derecho y garantizaron el mismo en tiempos de coronavirus. Según datos a los que accedió CUARTO, la demanda de métodos anticonceptivos – incluyendo los de emergencia y los de larga duración – se mantienen en comparación con la situación previa a la emergencia sanitaria, mientras las consultas semanales se incrementaron hasta llegar a las 8 a 10 consultas semanales.
El logro se agiganta al reparar en el contexto en que se logró: una capital salteña con muy pocos médicos que garantizan la ILE en los Centros de Salud y cuyo número se redujo con la pandemia; un interior con menos médicos que además se enfrentan (salvo en Cachi y San Carlos) con obstáculos abiertos para acceder a la ILE: en Güemes y en Tartagal el derecho se garantiza parcialmente y en el resto de los municipios las dificultades son aún mayores. Eso no es todo: cuando los casos superan las 12 semanas y precisan de un hospital de mayor complejidad, el acceso es casi imposible. Sólo el Materno Infantil de Salta garantiza la interrupción de ese tipo de embarazos y una sola médica está abocada a la tarea. Este medio pudo corroborar, a su vez, la persecución que sufrieron en Cafayate dos profesionales que garantizan la ILE, algo que también ocurrió en Tartagal.
Para sortear las complicaciones, el equipo de profesionales optimizó al máximo las herramientas con las que dispone: insumos y equipos capacitados para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos (MAC) e ILE dentro de los marcos legales vigentes; un memorándum del Ministerio de Salud Provincial – fechado el 26 de marzo – que decretó el acceso a ILE y MAC como urgencia que debía ser atendida con celeridad y sin obstáculos, aunque adaptando la atención al aislamiento. A ello se le sumó el compromiso profesional que no interrumpió las demandas espontáneas, las derivaciones de las Consejerías Comunitarias de Organizaciones que trabajan en territorio, ni aquellas provenientes de los canales de Comunicación que habilita la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en todo el País y la línea 0-800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación.
Varios destacan también el rol del Programa de Salud Sexual de la provincia que a través de la red articula las derivaciones para que los médicos atiendan según la zona de donde provienen las mujeres cuando el embarazo es de menos de 12 semanas, mientras el Ministerio articula políticas y recursos con el Programa Nacional de Salud Sexual visibilizando a la vez las consultas que llegan a la línea de ese Ministerio.
Las fuentes admiten que durante el año 2019 hubo tres casos de adolescentes que no accedieron al derecho o padecieron una dilatación de los procedimientos que complicaron sus casos, aunque en el balance general aseguran que “los equipos de salud redoblaron esfuerzos y reinventaron estrategias para cubrir las necesidades de la población en relación a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en este contexto de pandemia.
Puestos a opinar sobre cómo se podría mejorar esta tendencia auspiciante, respondieron lo siguiente: “reforzar la bajada de línea en el interior y apoyar a los equipos de los hospitales que garantizarán la atención en el segundo trimestre”.
