Las comunidades del norte sufren el embate del “progreso”. Muertes por desnutrición que el abandono provoca y las cifras confirman en comunidades sin la fuerza y los aliados suficientes para torcer el destino. (Daniel Avalos)*
Evitemos los rodeos para ir al grano: el mal que viven nuestros hermanos indígenas de Salta en general y del norte en particular, obedece a una combinación de tres grandes causas: el redescubrimiento de nuestro territorio por parte del capital agroexportador; el histórico abandono que padecen en nuestra provincia los pueblos originarios; y la fragmentación que estos mismos pueblos sufren por cuestiones geográficas y sociales que obstaculizan la posibilidad de articular acciones que le den la fisonomía propia de un colectivo organizado.
Lo primero se relaciona con un aspecto de tipo geopolítico. Y es que en tanto los mercados internacionales demandan desde hace tiempo materia prima, el Capital va en busca de aquellos territorios que puedan satisfacer esa demanda. Toda América Latina es botín del Capital en ese sentido. Salta también lo es. Por ello hay que enfatizar que en el marco de un modelo de producción extractivo y exportador que en muchos casos se traduce en saqueo abierto, ese tipo de Capital nos ha redescubierto.
No importa que nuestra tierra no posea las ventajas naturales de la pampa húmeda. Importa que esa pampa húmeda agotó ya sus posibilidades físicas de expandir su frontera agropecuaria y que el avance de la tecnología vinculada a la siembra es capaz hoy de arrancar rentabilidades a territorios que hace décadas no habrían sido apetecibles para los agentes económicos vinculados a la exportación.
Aportemos algunos datos para ejemplificar la generalización. Digamos entonces que si alguien realizara un relevamiento sobre las convocatorias a audiencias públicas que autorizaron desmontes en la provincia, siempre se encontrará con firmas de grandes grupos económicos que van desde el grupo Macri al Navilli; que esas firmas en conjunto siempre pidieron autorización de desmontes por miles de hectáreas aun cuando el volumen total de esas propiedades sea enormemente superior al efectivamente desmontado. Todas las relevadas casi al pasar entre los años 2010 y 2013 se ubican en el departamento de San Martín y Rivadavia que, por supuesto, también van a la cabeza de las noticias sobre desmontes ilegales en igual periodo de tiempo.
La mención a esos departamentos es interesada. No sólo porque esos territorios representan los nuevos espacios de colonización del modelo extractivo que hasta hace unas décadas se encargó de colonizar el departamento de Anta; sino también porque en San Martín y Rivadavia se concentra la mayor cantidad de miembros de los pueblos originarios salteños y de allí provienen las noticias más dramáticas sobre la pobreza.
Aquí surge una supuesta paradoja: las desgracias que ahora presenciamos salen a la luz no porque el gobierno haya decidido visibilizarlas, sino porque ese proceso de recolonización de territorios se despliega de tal forma que combinado con el auge de las tecnologías de la comunicación, va poniendo sobre la mesa de manera independiente a los deseos del gobierno un tipo de “progreso” que no resuelve los dramas que viven los pueblos porque hay “progresos” que avanzan dejando a su paso sangre y lodo.
Por siempre los nadies
Acá entramos entonces a la segunda de las variables mencionadas: el histórico abandono de los pueblos originarios en la provincia. Por una cuestión de espacio y por representar el departamento en donde las muertes de niños por desnutrición más abundan, delimitemos el escenario de análisis al departamento de Rivadavia, aunque no sean mejores los índices socioeconómicos en los departamentos de San Martín u Orán.
Concentrándonos entonces en Rivadavia: vemos que el Censo 2010 ya mostraba la pobreza extrema de ese lugar. En ese año los 30.429 habitantes censados vivían en 6.656 viviendas de las cuales el 45% (2.412) estaban registradas como ranchos. Uno podría creer que las restantes 3.711 viviendas de material escapaban a la pobreza, pero no: según indica el Censo, de esas viviendas el 79% carecía de baños con descarga de agua, el 67% no tenía heladeras, el 98% carecía de teléfono de línea y la desnutrición llegaba al 10%. Si uno opta por irse más atrás y repasar datos del censo 2001 no encontrará datos muy distintos, aunque la forma de medición haya sido diferente: el 65% de esa población padecía de Necesidades Básicas Insatisfechas.
Si volvemos al censo 2010 para detenernos en la situación específica de las personas que declaraban pertenecer a algún pueblo originario, vemos que se trataba del 6,5% de la población total de la provincia; que el 43% de ellos vivía en zonas rurales y en gran parte en los departamentos de San Martín y Rivadavia; que el analfabetismo entre ellos se estiraba al 10% contra el 3% existente en la población criolla; que el 72% de las viviendas que habitaban eran deficitarias; que el 55% dependía del carbón y la leña para cocinar; que el 10% tenía como baño simplemente un hoyo cavado en el suelo; o que el mismo porcentaje del 10% dependía del agua de lluvias, ríos o acequias para beber.
Esos números sólo eran superados en 3 de los 24 distritos del país: Chaco, Formosa y Misiones, aunque la suma de la población indígena de esas tres provincias arrojaba un número 74.820 habitantes; cifra inferior a los 79.204 miembros de pueblos originarios censados en Salta.
¿Por qué resaltar estos datos? Porque se impuso una habitualidad del lenguaje entre nuestros funcionarios que además de decir que no ocultan nuestros dramas, aseguran que están abocados a la producción y centralización de información que les permita diseñar políticas de intervención en el sector. Una obsesión por la precisión estadística que siempre es buena para perfeccionar lo que tenemos, pero que a la vez es mala si en nombre de esa obsesión se patean los problemas para más adelante. Mucho más cuando ya existe información que permite elaborar un diagnóstico preciso que permita diseñar políticas de intervención.
Es la carencia de esto último lo que explica que la nueva información que se recopila sólo corrobore a la que ya existe como ocurrió hace un año o dos, cuando el Ministerio de la Primera Infancia difundió datos sobre el municipio de Rivadavia Banda Norte. Centralmente esos datos nos dijeron lo que ya sabíamos a grandes trazos: 11% de analfabetismo, 49% de Necesidades Básicas Insatisfechas, 47% de Hacinamiento, etc.
La política sin sujeto
Las dos variables recién expuestas se combinan a su vez con una cuestión no menor. La misma tiene que ver con la enorme atomización en la que viven nuestros pueblos originarios que en lo fundamental, constituyen un mosaico étnico tejido por un número indefinido de pequeños y a veces insignificantes parajes que se salpican en una geografía enorme que aísla aún más a esos pueblos por la falta de caminos que los conecten. Dispersión geográfica de una población que puede ser la más numerosa del país en números absolutos, pero que es infinitamente menor a la de pueblos originarios de países como México, Perú o Bolivia en donde ese colectivo tiene la fuerza material capaz de vehiculizar demandas y generar liderazgos capaces de articular elementos disimiles en nombre de un horizonte común.
Dispersión geográfica que en Salta se suma a otras sociales y políticas. Para el primer caso hago referencia al hecho de que en nuestra provincia existen ocho etnias distintas que como ocurre en otros puntos del continente siempre generan algún tipo de tensión que la desconexión no ayuda a atenuar. Para el segundo caso me refiero al hecho de que tales pueblos cuenten en la provincia con más de 440 comunidades legalmente reconocidas según lo indica el padrón confeccionado por la provincia para las elecciones del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta del año 2016 aun cuando sepamos también que ese reconocimiento es imprescindible para poder satisfacer ciertas cuestiones específicas a la propia comunidad.
Pero todas variables, en definitiva, que combinadas entre sí son la materia prima indispensable para que agentes ajenos a esos pueblos y con intereses que dependen de la desgracia de los mismos, perpetúen un tipo de balcanización que – abortando la posibilidad de sumar voluntades – siempre termina favoreciendo a los poderosos. Si a ello le sumamos que existe un evidente divorcio entre esos pueblos y el resto de la sociedad salteña, la cuestión se complica aún más.
Nada grafica mejor esto último que los reclamos que suelen protagonizar esas comunidades a lo largo de la provincia: cortes de rutas o acampes que buscan exhibir los reclamos y punto. Nadie grita, nadie amenaza, nadie maldice porque sólo se mantienen ahí callados. Una extraña mezcla de protesta y aceptación en donde los que protestan aceptan que las fuerzas que los oprimen van ganando, pero exigen que al menos se introduzcan algunas correcciones al sofocante sistema que los oprime.
Porque es cierto que el Estado carga con graves responsabilidades en todo esto y puede ser blanco de numerosas críticas, pero no es menos cierto que la llamada sociedad civil también debe admitir que está atravesada por la indiferencia ante esos dramas que por un lado prefiere no ver, mientras por el otro hace propio el sentir de los poderosos que ven en el “indio” a un ser que vive sentado sobre una riqueza que no aprovecha por una incorregible pereza e idiotismo rural. Pueblos originarios, en definitiva, que padecen de enormes problemas para articular la fuerza material y espiritual que le permita no sólo exponer sus razones ante la sociedad, sino que carecen aún más de la fuerza suficiente para materializar en realidad esas razones.
De allí que el sujeto insoslayable que debe generar las condiciones que permitan a esos pueblos salir de la miseria en la que viven es el propio Estado. Estado que también debe aportar decididamente a que esas singulares comunidades salpicadas en una enorme geografía puedan devenir en una efectiva comunidad de singularidades. Un Estado que no debe relegar su facultad y obligación de regular el proceso de expansión de la frontera agropecuaria estableciendo los “con quién”, los “para qué” y los “cómo” hacerlo para evitar que pase lo que hoy está pasando. Un tipo de Estado, en definitiva, que por ahora no se vislumbra en el horizonte.
*Este artículo fue publicado con breves modificaciones el 12 de octubre del año 2019