Tras meses de incertidumbre y protestas de por medio, quienes estaban a cargo de la “materia” podrían ser reasignados en funciones y/o cargos.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó al Gobierno de la Provincia a no impartir clases de religión en la currícula de las escuelas públicas. La decisión del Máximo Tribunal, ajustada a las normas vigentes, trajo incertidumbre a unas 400 personas que estaban al frente de la “materia”.
Los docentes decidieron protestar hoy en Casa de Gobierno para reclamar a las autoridades la titularización en sus cargos a fin de no perder estabilidad laboral. Si bien algunas versiones señalaban que no todos tienen un título para dar clases, desde el Ministerio de Educación analizan respuestas alternativas.
Tras una reunión entre delegados docentes, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, y el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade, se supo que el Gobierno manifestó que se haría un proceso de trabajo técnico y capacitación para lograr la reasignación de funciones o de cargos.
Según información de Jefatura de Gobierno, en todas aquellas instituciones en las que se encuentran designados los docentes se llevarán adelante proyectos vinculados a la educación emocional. Berruezo ratificó la idea de que estos docentes que estaban designados a la educación religiosa continúen de alguna manera.
