La propuesta de senadors del oficialismo fue criticada por el ex gobernador salteño.
El senador y ex gobernador salteño Juan Carlos Romero criticó el proyecto que busca eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.
Según difundió Infobae, la iniciativa de las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado» es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.
Romero argumentó en contra del proyecto en una columna que fue publicada ayer en La Nación. Con el título «Amenaza real a la libertad de información, en un proyecto de ley insostenible», el salteño criticó la propuesta.
«El proyecto de Ley que condiciona la legitimidad -y efectividad- de las prisiones preventivas al tratamiento que brinden los medios de prensa a los casos de corrupción es insostenible, vulnera los principios constitucionales argentinos, las convenciones internacionales y todos los antecedentes legales y jurisprudenciales del país. Es evidente que se trata de una maniobra para frenar decenas de juicios en marcha», aseguró.
«Seguramente, por su insensatez, pasará al archivo. No obstante, el texto redactado por las senadoras María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara expresa el pensamiento de un amplio sector del oficialismo y explica los ataques al periodismo y las maniobras de bloqueo a la libertad de expresión frecuentes en ese espacio», indicó.
«El proyecto en cuestión impone mayores límites a la facultad de los jueces para decretar prisiones preventivas, a través de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación y Federal, invocando el ‘control de convencionalidad’, es decir, la observación de las Convenciones internacionales a las que adhiere la Nación y que, de hecho, ya son obligatorias para los jueces. Pero entre las condiciones para declarar la nulidad de una prisión preventiva, incluye un factor extra jurídico: un acusado deberá ser liberado de inmediato si se registrare ‘la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución'», siguió.
«Está claro que el ‘principio de inocencia’ es un criterio totalmente ajeno a lo que opinen no solo los diarios o los periodistas, sino también de lo que piense cualquier persona, porque la acusación, siempre, debe ser probada», argumentó el senador.
«Concretamente, si se aplicara el criterio expresado en el proyecto, los jóvenes detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa deberían estar todos libres, dado que el 90 % de los argentinos considera que son culpables. Por eso, ninguna ley del Congreso puede condicionar la decisión de los funcionarios de la Justicia y el Ministerio, que deben manejarse con pruebas, leyes y jurisprudencia», insistió.
Para Romero, las senadoras «buscan censurar e impugnar a la prensa para garantizar la impunidad de personas pertenecientes a su espacio político». Y agregó que «no se trata solo de amordazar a los medios: la manipulación de las estadísticas oficiales a lo largo de diez años de gobiernos kirchneristas fueron una forma de ocultar la inflación y la pobreza».
El texto finaliza asegurando que el proyecto sería intrascendente «si en su redacción no expresara una visión autocrática y casi despótica del poder, y una censura generalizada a cualquier investigación sobre las conductas de quienes lo ejercen».
