Prisión en suspenso e inhabilitación para el intendente salteño que abrió un paso fronterizo ilegal

Sergio Oliva.

Se trata de Sergio Oliva, jefe comunal de Aguas Blancas, ciudad que colinda con Bermejo cruzando por el río homónimo. Sin embargo su defensa señala que la condena no debería incidir en la actual gestión ni en la candidatura.

El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó a Sergio Oliva, intendente de Aguas Blancas, a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial de un año por incumplimiento de deberes de funcionario. La causa inició por la creación de un camino ilegal hacia la vera del Río Bermejo, alternativo al Paso Puerto Chalanas, en la frontera con Bolivia.

En 2016 el jefe del escuadrón 20 de Gendarmería Nacional denunció y la división de Aduana de Orán que se estaba abriendo, con maquinaria pesada, un camino hacia la vera del río. Pese a ello, se continúo trabajando en la apertura del camino nuevo en posición lateral al puesto de control de El Paltal, generando así una suerte de paso clandestino con acceso directo al territorio argentino.

“El testigo conductor de la máquina retroexcavadora, empleado municipal de Pichanal, declaró que se encontraba trabajando por pedido del secretario del Intendente Jalil y que debía ponerse a disposición del intendente de Aguas Blancas tanto el como la maquinaria”, informó en su momento el medio digital El Oranense.

Oliva declaró ante la justicia que la maquina había sido contratada de la Municipalidad de Pichanal, y el fin del trabajo en el río era la extracción de áridos para el arreglo de calles. En su indagatoria el mandatario municipal habría expresado que él no había autorizado la creación de ningún paso y que los que existían son de “vieja data”.

Joaquín Vélez, abogado defensor del intendente Oliva, señaló a Nuevo Diario que al no ser una sentencia firme, dado que tienen habilitada la instancia recusatoria, podría participar de las próximas elecciones, e incluso la sentencia no debería “incidir” en su mandato actual. La defensa tiene hasta el 21 de septiembre para apelar la sentencia.

Además la publicación señala que Bavio corrió los autos al Concejo Deliberante, quienes ahora deberán evaluar si realizan un proceso de juicio político. Mientras que Vélez aseguró: “Si los concejales deciden actuar como jueces sin una sentencia definitiva, estarían cometiendo un delito de abuso de autoridad ellos mismos, porque somos todos inocentes ante la ley hasta que un juez nos declare lo contrario. Es necesario la sentencia definitiva para que el concejo deliberante pueda actuar, de hecho el juez solo le va a comunicar la existencia de la sentencia a efecto de que tomen razón”.