Las denuncias locales hicieron eco en Naciones Unidas y el gobierno saliente debe informar sobre acusaciones de influir en el Poder Judicial a su favor.

El Relator Especial de la ONU, Diego Garía Sayán, envió un informe a la Cancillería argentina para que responda en 60 días una serie de denuncias por “aprietes” y desplazamientos de jueces incómodos para el gobierno de Mauricio Macri.

Las denuncias sobre “persecución” en el ámbito del Poder Judicial no son cosa nueva. Pero esta vez han tenido repercusión a nivel global luego de que se hicieran múltiples presentaciones por hechos que comprenden la presión y persecución a magistrados y, a su vez, la designación de tantos otros en lugares claves.

En la misiva Sayán mencionó puntualmente los casos de la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó quien debió renunciar tras la presión del Gobierno y también el pedido de juicio político al juez federal Alejo Ramos Padilla con el objetivo de arrebatarle la causa por asociación ilícita que salpica al gobierno.

“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, expresó García Sayán, en el documento que sacó a la luz El Cohete a la Luna.

En el escrito también se menciona la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, como así también el caso del Correo Argentino que implica a la familia presidencial.