La Cámara de la Minería de Salta repudió la medida, pero desconoce que los reintegros se impusieron en 1998 cuando el recurso no tenía demanda. Hoy se volvió un negocio millonario.
El crecimiento del precio del litio a nivel internacional y las proyecciones que lo ubican como un negocio mega millonario, deslizó al Ministerio de Economía de la nación a dejar sin efecto el reintegro a la exportación de litio y derivados que rige desde 1998. En términos prácticos, las retenciones aduaneras que se aplican a las exportaciones de litio que son del 4,5% sobre el total vendido y los reintegros llegaban al 2,5%.
De esta manera el Estado se ahorrará unos 17,5 millones de dólares anuales que le pagaban a las únicas dos empresas litíferas operativas en el país, Livent en Catamarca y Sales de Jujuy en Jujuy. Como puede verse, la medida no afecta en lo inmediato a las mineras que operan en Salta, pero si afectara a los tres proyectos que están en construcción en la Puna y que tienen previsto iniciar sus fases de producción entre 2024 y 2025.
En ese marco la Cámara de Minería de Salta declaró que lo dispuesto “va en desmedro de la previsibilidad y la estabilidad fiscal tan necesarias para la inversión minera”, dijo a El Tribuno la vicepresidenta de la entidad, Fernanda Fraga. Y agregó: “Este reintegro tenía por objetivo subsanar los costos relacionados con la falta de infraestructura, a fin de fomentar la inversión en regiones como la Puna. Esas condiciones no cambiaron en todo este tiempo, a pesar de lo cual la industria del litio siguió recibiendo fondos de empresas que invierten en el país, en su gente y sus comunidades”.
En la resolución publicada en el Boletín Oficial de la nación y que lleva la firma de Sergio Massa, los argumentos usados contradicen al lobby salteño. Allí el Ministerio de Economía justifica la medida con dos factores: la coyuntura de altos precios que atraviesa el litio y a que ya se cumplieron las metas que se propuso el reintegro en 1993, «fomentar el desarrollo de la puna por su notable carencia de infraestructura energética y vial».
La norma original fue sancionada en 1993 con el objetivo de incentivar la actividad minera en la puna, que presentaba desigualdades con respecto a otras regiones del país por estar alejada de los principales centros de consumo y abastecimiento. «Esta situación al ser irreversible hace que sus costos de insumos, bienes de capital, infraestructura, transporte, energía y servicios, deban pagar proporcionalmente mayores valores de componentes impositivos», aseguraba el texto firmado por el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.
El original daba reintegros de 5% – que en 2000 se redujeron a 2,5 por ciento- a las exportaciones de óxidos de boro, sulfatos, piedras, plata y otros minerales que se explotaban en la Puna. En 1998, un año después de que la empresa Livent desembarque en busca de litio en Catamarca, se incorporaron a la norma original las posiciones arancelarias de litio y sus derivados. En ese momento el precio internacional del carbonato de litio que produce la Argentina se encontraba por debajo de los 50 mil dólares la tonelada actuales.
«Treinta años después, teniendo en cuenta la electro-movilidad y las energías renovables, que provocaron un cambio del mercado y que el escenario internacional tuvo un crecimiento abrupto en la demanda de litio, se entiende que un estímulo como el reintegro, ha cumplido los objetivos para el cual fue oportunamente establecido», explicaron desde el Ministerio a Página 12 cuando se conoció la noticia en el día de ayer.
