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Para zafar de la Justicia | Cuando un intendente salteño prometía lo imposible

En octubre de 2020, el entonces jefe municipal de Aguaray, Jorge Enrique Prado, hablaba de la llegada de una súper clínica con fondos venezolanos.

En octubre de 2020, un intendente salteño estaba contra las cuerdas. Tenía las horas contadas y su cargo pendía de un hilo. Por lo tanto, intentó lo imposible: prometió y prometió. Se mostró como un jefe municipal preocupado por el progreso. Pero la promesa ya tenía olor raro.

Fue hace solamente dos años. No pasó mucho tiempo. Pero parece una eternidad. Eran tiempos de pandemia fuerte en la provincia de Salta, que estaba saliendo de su peor momento, con más muertos que nunca. En una pequeña localidad, mientras tanto, Jorge Enrique Prado estaba más preocupado por sí mismo.

El entonces intendente de Aguaray estaba a días de su destitución por el caso del robo de caños del Gasoducto del NEA, una causa federal millonaria. Pero antes, Prado decidió vender «espejitos de colores», tal como lo graficó CUARTO en ese momento.

«Aguaray vive momentos tan insólitos que combina la imputación de su intendente por robos millonarios y las promesas de una clínica con fondos venezolanos que hoy parece muy lejana. Fueron varias las voces que se alzaron desde el anuncio de este ambicioso proyecto y todas coinciden en algo: nadie lo cree», relataba este medio el 8 de octubre de 2020, hace dos años y dos días.

CUARTO informaba que la charla, realizada días atrás, había sido encabezada por el intendente Prado y el Dr. Sebastián Solano Guzamana, representante de Banesco, «una banca venezolana que sería la encargada de la inversión». «Es un proyecto que el banco puede cubrirlo. Se puede encargar de todo», aseguraba Solano. Decía que el proyecto llevaría un año de construcción.

«No hemos hecho ningún trámite burocrático para los permisos. Pero el planteamiento está hecho», agregaba Solano en la charla. Decía que la obra daría trabajo a 200 personas y beneficiaría indirectamente «a casi toda la población de Aguaray».

Solano también adelantaba que la clínica sería de nivel 3 y tendría un plantel de por lo menos 350 personas. Además, el enviado aseguraba que en noviembre de 2020, tres semanas después de la charla, podría instalarse una sucursal de Banesco en Aguaray. Agregaba que la empresa tenía autorización del gobierno nacional para invertir en todo el país.

Pero había muchas dudas. Una de las personas que no creía mucho era la diputada Gladys Paredes, quien decía que el proyecto era «como que vinieran a vendernos vidriecitos de colores a los del norte de Salta».

«El señor intendente hizo una reunión con vecinos y allí manifestó que era hora que Aguaray empezara a caminar con transparencia. Comentó que desde septiembre está en tratativas con una empresa venezolana Banesco Internacional, que prometió a la gente del pueblo donar una máquina para extraer plasma, guantes, barbijos, etc., con la condición que se le otorgue un terreno para construir una clínica de nivel 3», decía la diputada en la sesión posterior a la conferencia, en la Legislatura.

«Me asombra cómo puede decidir venir una empresa internacional a construir una clínica a una localidad de Tartagal cuando sabemos que el Ministerio de Salud tiene una estructura de complejidades de acuerdo a los departamentos», agregaba.

«Una vez más, como me lo dijeron los vecinos, parece que no están dirigidos en su pueblo con transparencia. A ellos también esto les huele mal. Están pidiendo la presencia del señor gobernador para que vaya y dé el aval de la construcción de esa clínica privada», cerraba la diputada.

CUARTO decía, con acierto, que las promesas de Prado iban a quedar en la nada. «Esta semana se supo que el oficialismo parlamentario le soltó la mano al intendente, por lo que el proyecto de intervención de Aguaray podría ser tratado en la próxima sesión», agregaba. No faltaba mucho para que la aventura de Prado terminara.

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