Mientras las negociaciones se desarrollan, cientos de trabajadores de frontera se mantienen a la vera de la ruta 50 a la que amenazan con cortar en caso de sentirse perjudicados.
El juez Federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, se encuentra reunido con representantes de los bagayeros en la ciudad de Orán que demandan prorrogar un año la implementación del Régimen Simplificado de Importación anunciado el lunes por la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich. La misma llegó al norte salteño como una “Dama de Hierro”, aunque debió dejar la zona en medio de cascotazos.
A la hora de explicar por qué los bagayeros se oponen al Plan Bullrich, los periodistas de la zona lo explican de una forma sencilla: el 90% de los trabajadores de frontera no puede cumplir con los requisitos que exige el Régimen impulsado por el gobierno nacional, sin olvidar que el mismo centraliza la “importación” en unos cuántos comerciantes del lugar.
La tensión es evidente y hay quienes creen que el plan Bullrich está decidido a imponerse y que, desde Buenos Aires, incluso, prefieren ir al choque rápido contra los manifestantes. El problema es que los miles de bagayeros ya dieron muestras reiteradas de no escaparle al choque de ser necesario. Por ahora y mientras sus representantes se reúnen con el juez, gran cantidad de ellos se apostaron desde el lunes a la vera de la ruta 50.
Al respecto, Maximiliano Conegliano, periodista del diario El Oranense, en diálogo con InformateSalta, explicó que los trabajadores se comprometieron a mantener liberada la ruta durante la negociación. “Solamente hubo un corte el día lunes, y después de allí se liberó”, manifestó. Sobre los pasos a seguir, detalló que en la reunión que mantienen con el juez federal, la intención de éste “es armar una especie de hoja de ruta con los reclamos, y con un montón de puntos que se van analizar”.
Entre los reclamos, indicó que está vinculado al incremento de los impuestos y los más de 20 requisitos necesarios para adherir al régimen. “No es para cualquiera, tenes un montón de requisitos, el 90% no los cumple”. Asimismo, enfatizó que los trabajadores afectados serían entre 1500 y 3000 personas, a los que se suman los que indirectamente viven de la actividad. “Se puede llegar a hablar hasta de 5 mil personas, esto es algo que fue creciendo. Hay mucha gente metida en todo esto, hay barrios enteros que son de bagayeros es impresionante”.
