La iniciativa legislativa fue presentada el pasado 3 de mayo por la diputada nacional Alicia Aparicio y fue acompañada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
La propuesta propone endurecer las sanciones para los cazadores furtivos, reinsertar especies protegidas y que ya no se usen canes que desde que son usados para la actividad son sometidos a diversas privaciones, maniobras y vejaciones para que su única salida sea el ataque o la obediencia a su amo.
“Hay miles de perros de caza en Argentina, miles de animales que solo viven para matar a otro, para hacerlo bien o morir en el intento”, destacó el diario Tiempo Argentino que accedió al texto del proyecto y precisó que la práctica es posible porque la ley 22.421 de Fauna Silvestre no contempla prohibición alguna al respecto y tampoco se ha sancionado ninguna otra norma de alcance nacional que lo regule.
“Desde la creación de la ley de conservación y protección de la Fauna Silvestre, allá por 1981, nuestra sociedad produjo un cambio profundo en la comprensión respecto a crear una mayor protección de nuestra rica biodiversidad y la necesidad de mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas”, dijo la diputada Alicia Aparicio.
Con respecto al endurecimiento de las penas para cazadores furtivos, el texto del proyecto resalta que hay una desactualización de la Ley 22.421 “tanto de las herramientas que contempla para la caza, como para las penas y las infracciones donde las sanciones tienen un monto muy bajo y ya no resultan eficaces”. Es por eso que uno de los puntos centrales consiste en incrementar las penas de prisión y de inhabilitación, además de la sanción económica frente a las infracciones.
En la actualidad, las multas son de $70.000. El proyecto de Aparicio propone un mecanismo de actualización que depende del Salario Mínimo Vital y Móvil (de 100 a 1.000 veces el monto del mismo). Dentro del marco sancionatorio, esta propuesta dispone que quien transgreda la norma no solo obtenga la cancelación de su licencia de caza deportiva sino de toda licencia para cualquier tipo de caza. Se considerarían hechos delictivos “cazar animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización del propietario o administrador o poseedor o tenedor”.
Asimismo, “cazar animales dela fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación” y, por último, “cazar animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.
