Los protagonistas fueron los pobladores de la comunidad El Olvido, ubicada en el departamento de San Martín y a unos 45 kilómetros de la ruta nacional 81. La finca ya había alambrado en dos casi dos mil hectáreas hace cuatro años.
Ocurrió el 8 de octubre pasado cuando los miembros de la Comunidad se vieron con un nuevo alambrado que dejaba dentro de la Finca La Corzuela al cementerio de sus ancestros, pero también complicaba el paso de los animales de los criollos para buscar agua, pastar bajo monte y evitar morir de sed y de hambre. Según se informa, la titular registral que en la cédula parcelaria aparece bajo el apellido Sanguedolce habría alambrado en dos partes casi dos mil hectáreas hace cuatro años y hace un mes hubo demontes dentro de los lotes para sembrar pasto y criar ganado.
“El territorio cuenta con 25 pozos de agua y lagunas, siendo el territorio donde cazamos, recolectamos, y tenemos nuestro ámbito de vida. También se constataron zonas de recolección de medicamentos, de chaguar, de palmas (con la que se hacen sombreros, canastas y mallas), de miel, zonas de caza, de extracción de madera caída, nuestro cementerio ancestral (…). Ya hay un relevamiento territorial hecho por el programa nacional de relevamiento territorial”, dice la denuncia que hizo la Comunidad ante la Policía y a la que accedió la sección local del diario Página 12 en su edición de hoy.
Ante ello, los comuneros decidieron erradicar los postes y el alambrado. En la denuncia se aclara que se hizo en aplicación de la “defensa extrajudicial de la posesión y propiedad comunitaria (…) ante la necesidad de actuar y protegerse de una agresión en caso de que la autoridad policial o judicial llegaran demasiado tarde”. Según explicaron, la pretensión tanto de los wichí como de los criollos es cuidar lo poco que queda de monte virgen.
Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia se afirmó que Sanguedolce, a través de la intermediación de personas de apellido Merluzzi, fueron autorizados al aprovechamiento silvo pastoril bajo monte (cría de ganado sin desmonte), sobre 700 hectáreas. La zona autorizada se encuentra en categoría amarilla, que indica que no se puede desmontar y además está categorizada como un “amarillo social” (denominado así por la provincia), ante los conflictos que pueden acontecer por la disputa de tierras.
Pese a ello, la resolución 966 que enmarca la autorización a los titulares registrales establece que cuando la zona a “aprovechar” es menor a 1000 hectáreas “la autoridad de aplicación podrá (…) eximir en forma ambientalmente fundada a los proponentes de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y consecuente audiencia pública”. La falta de estos dos procesos pone en situación de absoluto desconocimiento a la comunidad indígena y criolla que vive en el territorio cuyos papeles pasan de un titular registral a otro.
