La muerte encontró al ex juez federal gozando de la prisión domiciliaria. Durante décadas contó con el apoyo de la corporación judicial para evadir proceso por su rol durante los años de plomo. Fue la pata civil en la última dictadura militar.
Fue un hombre poderoso. Fue forjando ese poder como juez federal de la provincia desde antes de la última dictadura militar, aunque en ese periodo consolidó una influencia enorme. Desde ese tiempo que se lo señalaba como encubridor del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, de ser partícipe del homicidio de los once detenidos en la llamada Masacre de Palomitas, de no investigar otros muchos asesinatos cometidos por la dictadura y según una resolución del Poder Judicial de la nación del año 2003 se imputaba al ex juez de la apropiación de una casa ubicada en calle Leguizamón al 2000 que había habitado una de las asesinadas en Palomitas: Evangelina Botta.
Su poder continuó indemne durante la democracia y con la ayuda de la corporación judicial le escapó a la justicia. Recién en septiembre del año 2019 no pudo zafar de ella y gozó de todos los derechos que él privó a las víctimas del terrorismo de Estado y a los familiares de las mismas. En ese septiembre, el ex magistrado fue condenado como “partícipe secundario” del delito de homicidio doblemente agravado, «por el ser autor del encubrimiento» del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal. “El tribunal entendió que no investigó estos hechos adrede, para posibilitar la impunidad de los ejecutores” resaltaron los medios aquella vez. Fue condenado a 15 años. La sentencia no fue de ejecución inmediata, los jueces dictaminaron que el cumplimento esperara a que la condena quedara firme. No podía sorprender. Es el procedimiento al que echan mano las defensas de los encausados por delitos de lesa humanidad con la esperanza que los condenados mueran en libertad por el tiempo que toma resolver esos planteos.
En mayo de este año la Justicia terrenal volvió a hacerle un guiño: la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar parcialmente a un recurso interpuesto por los abogados de Lona y anuló la condena como partícipe secundario del homicidio del ex gobernador Miguel Ragone; aunque ratificó la condena por el encubrimiento de este hecho y resolvió remitir el expediente al Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de Salta, para que disponga el monto de la pena que le impondrá en contraposición a los 15 años de prisión como partícipe secundario de homicidio agravado, encubrimiento y prevaricato.
Hoy a la tarde el exjuez federal de Salta murió a los 86 años, mientras se encontraba con prisión preventiva, en modalidad domiciliaria, por la causa que investiga la masacre de Palomitas en donde estaba imputado como partícipe de los homicidios de once detenidos que estaban a su disposición: Celia Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Ávila, José Povolo, Roberto Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky y Pablo Outes recorrieron sus último camino hacia la muerte en silencio, golpeados, aterrorizados y desorientados. En otra causa le atribuían delitos en perjuicio de unas 60 personas víctimas del plan sistemático de eliminación de personas aplicado por los dictadores del 76.