La situación nos obliga a reflexionar sobre los aspectos más nocivos de esta actividad: la contaminación del agua y del ambiente. Los antecedentes negativos en otras zonas mineras del país. (Sandra Carral Garcín)
Evidentemente, en una provincia empobrecida, en regiones donde, tal vez, el único progreso sea visto a partir de esa actividad, los argumentos serán favorables y los beneficios posibles se impondrán sobre los riesgos.
No obstante, huelgan los antecedentes negativos en zonas mineras, razón de la resistencia de los ciudadanos que se oponen a esta forma de desarrollo en sus lugares de origen, como sucedió en Famatina – La Rioja y en Esquel – Chubut, y como reemerge en Mendoza la resistencia en defensa del agua.
No se pretende desde la urbanidad, muchas veces contestada por los funcionarios mentores de estos proyectos, imponer una visión a los pobladores de los territorios donde se quieren implantar. El interés en esta participación que es un tema que nos concierne a todos, en función de los valores que se quieren ver instalados en la globalidad del territorio provincial, es el respeto del ambiente encarnado en el respeto de quienes viven en esos lugares.
Todos tenemos ese derecho, y sabemos cuán difícil es defenderlo, en una provincia donde las víctimas fatales en casos diversos resonantes de impunidad son muchas, en particular por los manejos propios del poder enquistado hace décadas (la impunidad es tal, que aún vemos a ciertos impunes y allegados postulándose para las próximas elecciones de julio de este año: el tiempo es un aliado del olvido y enemigo de la memoria).
El principal enemigo de la sostenibilidad en la provincia, paradójicamente, son aquéllos que, en un puesto de responsabilidad, carecen del conocimiento y/o de la moralidad que debieran estar a la par del nombramiento.
Otro de los aspectos para tener en cuenta, es la actitud. Imaginemos empresas multimillonarias que vienen haciendo promesas con los miles de puestos de trabajo directos e indirectos y sus miles de millones de dólares, sin hablar aquí de corrupción, analicemos cuál puede ser la actitud de los funcionarios a cargo de la recepción. El pobre menesteroso recibe al multimillonario transnacional y le abre todas las puertas y compuertas… Recuerdo hace unos años, las palabras de un funcionario provincial mencionando que los controles los hacían las propias empresas mineras, dado que el Estado provincial no tenía ni los fondos, ni el personal ni los medios para controlar la calidad del aire, esto, frente a un requerimiento de información de mi parte. Naturalmente, sin sonrojarse, como una normalidad. Esperemos que esto haya cambiado, aunque puede ser difícil dado que ni en la capital provincial disponemos del control de calidad del aire, como debiera ser para el cumplimiento de las normas que lo exigen, dado que se trata de un parámetro básico de calidad ambiental. Y para qué hablar de la ausencia de controles, y de la falta de medidas en proyectos y actividades, cuya contaminación y daños son de público conocimiento, pero ahí siguen, funcionando. Queda imaginar lo que puede suceder en lugares lejanos, con pequeños poblados, donde los lugareños pueden no ser escuchados ni tenidos en cuenta en las decisiones que se toman para el destino de sus territorios, como ocurre con los desmontes en el Chaco Salteño.
La participatividad de las comunidades en las mesas de decisiones, como el asesoramiento técnico adecuado para la comprensión de los hechos, es ya un hecho admitido también por el ya vigente Acuerdo de Escazú. Está dado el marco normativo, queda por ver que se cumpla como debe ser.
Todo esto en función de evitar futuros conflictos donde la diferencia de fuerzas, hartamente vista en la provincia, entre sectores vulnerables y los dominantes, favorezca la proliferación de irregularidades ocultadas o invisibles en perjuicio de la salud de trabajadores y población circundante así como del medio ambiente.
La minería dicha sustentable ha dejado antecedentes de condenas en el país, como es el caso de la minera La Alumbrera Ltda., que perdió un juicio por contaminación donde los afectados, residentes en Tucumán, lograron una sentencia* que obligaba a la empresa a realizar “todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas”, además de ordenar el relevamiento de los impactos tóxicos en la salud de los pobladores que pudieran haber sido afectados. La paradoja en este caso es que los hermanos Aranda, los demandantes, debieron demostrar con estudios de laboratorios locales y extranjeros la contaminación del agua provocada por el mineraloducto de Bajo La Alumbrera, de una empresa que publicitaba en su página web estar “abocada al cuidado del medioambiente protegiendo el entorno natural del área del yacimiento y de las comunidades vecinas”. Este fallo fue apelado en varias oportunidades por los abogados de la empresa, consiguiendo finalmente como resultado, los hermanos Aranda, su ratificación** definitiva en 2019, a 14 años de iniciadas sus denuncias.
Por ello es muy importante cuando se habla de seguridad jurídica, no sólo enfocarla en los inversores, sino también en quienes pueden ser los perjudicados. Puesto que es fácil anunciar buenas intenciones, pero en caso de litigios por contaminación por ejemplo, las buenas intenciones pueden desaparecer para dar lugar a una férrea oposición al ejercicio del justo derecho a favor de los afectados. Todos los que han probado el sabor de los tribunales saben de la fuerza, paciencia y medios con los que hay que contar cuando se enfrenta al poder político y económico. Hasta que cambien las prioridades, la paradoja de la sustentabilidad (que no es sostenibilidad) seguirá existiendo en otra forma de injusticia.
Referencias:
* Una empresa minera fue condenada por contaminación en Argentina
Una empresa minera fue condenada por contaminación en Argentina
** La Corte Suprema de Justicia ratificó que minera Alumbrera contaminó
